El pleno del Senado aprobó hoy el proyecto de ley por el que se establece una paga de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, expecto el Partido Popular y CiU, que se abstuvieron y coincidieron en criticar el “electoralismo” de la medida.
La gran novedad introducida en el trámite parlamentario es la elevación de la ayuda para determinados colectivos, de forma que la prestación para niños con discapacidad, así como para los hijos nacidos en el seno de familias numerosas y monoparentales será de 3.500 euros.
De la ley se beneficiarán todos los niños nacidos o adoptados a partir del 1 de julio, y no desde el 3 de julio como anunció en su día el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para hacer coincidir la prestación con otras ayudas sociales.
El proyecto de ley exige, para otorgar la ayuda en el caso de extranjeros, que acrediten dos años de residencia legal, efectiva y continuada en España.
“Este Gobierno ha dado durante la legislatura un impulso extraordinario a las políticas sociales. Con esta medida, que sitúa a España a la cabeza de Europa en ayudas directas por nacimientos de hijos, se crea un nuevo derecho subjetivo y universal”, afirmó la senadora del PSOE Encarnación Ibáñez.
Ibáñez se mostró convencida de que “la sociedad española en su conjunto valora el gran avance que supone esta medida”, que va de la mano de otras “de gran calado social”, como la reforma laboral o el aumneto del salario mínimo interprofesional (SMI).
A la norma únicamente se presentaron dos enmiendas del Grupo Mixto, pero finalmente fueron retiradas. De este modo, al no modificarse el texto remitido por el Congreso, no es necesario que vuelva a la Cámara Baja para su ratificación, con lo que se acelera su entrada en vigor.
Ahora, los siguientes pasos son la publicación del proyecto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, consiguientemente, su entrada en vigor.
“AGUINALDO ELECTORAL” La diputada del Partido Popular Andrea Fagra señaló que la medida es otro de los “aguinaldos electorales”, fruto de la “improvisación” de un Gobierno que busca “golpes efectistas” para recuperar la confianza de los ciudadanos en el “ocaso de la legislatura”.
“Sólo el Gobierno de Zapatero puede afirmar sin sonrojarse que con un cheque se acaban los problemas para la familia. Es una medida insuficiente, con poca ambición y desconectada de un marco de políticas de apoyo a la familia”, añadió.
Por su parte, el diputado de CiU Ramón Companys criticó que España sea “el país desarrollado que menos esfuerzo dedica a las familias” y reprochó que durante toda la legislatura no se haya emprendido “un proyecto amplio y una política global” para apoyarlas.
“La ley se acerca más a un proyecto de la Venezuela de Chávez que a uno de la socialdemocracia de Suecia”, señaló el senador catalán, antes de criticar “el clientelismo” y el “paternalismo” mostrado por un Gobierno “nervioso ante una elecciones que ya están a la vuelta de la esquina”.
También desde el PNV, partido que dio su apoyo a la medida, rechazaron el “absoluto electoralismo” al que se ha entregado el Gobierno e insistieron en que la medida “invade competencias de las comunidades autónomas”.