Un ‘no’ a los Presupuestos Generales desde la izquierda

Desde Izquierda Unida vamos a tratar de ser claros y no quedarnos sólo ni con las cifras macroeconómicas de los Presupuestos, ni con la obsesión por la búsqueda del titular fácil que tan obsesivamente persigue últimamente el Gobierno con su catarata desordenada de propuestas electoralistas.

Con el paso adelante dado el pasado miércoles al rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo socialista concreta de manera casi privada a poco más de cuatro meses vista de las elecciones lo que no ha sabido o no ha querido negociar con el resto de grupos progresistas del Congreso, incluido el nuestro, en los últimos tres años y medio.

Después de que los diputados de IU votáramos en contra del proyecto de las cuentas públicas para 2008 seguimos pensando que ni el vicepresidente Solbes ni el presidente Rodríguez Zapatero han descubierto aún la fórmula para resolver la imposible ‘cuadratura del círculo’, es decir, disminuir en más de 7.000 millones de euros el impuesto más redistributivo que existe –el del IRPF-, beneficiando casi exclusivamente a las rentas más altas, al tiempo que libera más dinero para atender a las demandas sociales que reclama la sociedad.

No creemos que sea posible detraer dinero de los impuestos, no perseguir adecuadamente el grave fraude fiscal que hay en España y, al tiempo, que se pueda atender suficientemente la financiación de leyes tan importantes como la de Dependencia, Igualdad, Educación, así como dotar de suficiente dinero las necesidades de Sanidad, Investigación y Desarrollo o las inversiones en infraestructuras como el ferrocarril convencional o las Cercanías, más allá de las grandes cifras que se lleva el AVE. Lo que está pasando en Barcelona es un claro ejemplo.

Solbes, tras una ‘dura negociación’ para cuadrar los PGE exclusivamente con sus ministros –no existió un debate real con otras formaciones- ha tenido que encajar en ellos a martillazos las ‘ideas’ lanzadas por sus compañeros de Gabinete como el ‘cheque-bebé’ de 2.500 euros por hijo nacido, el parcheo de viejos programas fallidos en materia de vivienda, con 210 euros para impulsar el alquiler sólo para jóvenes hasta los 30 años, o las ayudas bucodentales infantiles poco definidas, entre otras.

Frente a ello, desde IU hemos antepuesto el intentar que se reconozcan nuevos derechos de forma definitiva a que todo se quede sólo en estas medidas cortoplacistas, que no enfocan cómo resolver los problemas de forma definitiva y que buscan unos réditos electorales que, de momento, no parecen que hayan surtido el efecto deseado a tenor de lo que dicen las encuestas.

Difícilmente va a poder el Gobierno con el actual proyecto de Presupuestos lograr que se pase de dar un cheque de 2.500 euros a cumplir nuestra exigencia de que todos los padres con niños de 0 a 3 años puedan llevarles a un centro público y gratuito. Los 100 millones de euros más –frente a los sólo 8 que había- que desde IU-ICV vamos a lograr que se incluyan para tal fin es sólo la primera piedra para construir el camino que se necesita, pero no se podrá avanzar sin una verdadera voluntad de llevar a cabo una auténtica política progresista.

Lo mismo ocurre con la vivienda. Más allá de pagar 210 euros durante unos pocos meses a los menores de 30 años, lo que se debe es garantizar una bolsa de viviendas públicas de alquiler suficiente, que se puedan sacar al mercado casas privadas en desuso con totales garantías para sus dueños y para los posibles arrendatarios, así como viviendas de protección oficial a precios asequibles para quienes quieran comprar.

Mientras, las rebajas fiscales en dos oleadas elaboradas por el Gobierno ahondan en las regresivas reformas fiscales ejecutadas por el PP cuando gobernaba, con la diferencia de que entonces sí las criticó el PSOE en la oposición.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no redistribuye ni traslada a quienes disponen de menores rentas el resultado de unos buenos datos económicos, que no durarán siempre. La buena evolución económica seguida hasta ahora se plasma en los más de 12.000 millones de euros de superávit previsto, un superávit que se da por cuarto año consecutivo.

Pero si cuando las cuentas públicas arrojaban un claro déficit se obligaba principalmente a los trabajadores de este país a apretarse el cinturón, ¿por qué no es posible compensarles ahora que existe este excedente presupuestario mejorando el gasto social de forma responsable y sin poner en riesgo las cuentas del Estado, ni hoy ni en el futuro?

El Gobierno socialista ha decidido primar su ‘socio-electoralismo’ frente a lo que realmente demanda la sociedad. Vamos a intentar durante la negociación y el debate de las enmiendas parciales de las próximas semanas que los Presupuestos cambien de manera profunda en las partidas referidas a las materias sociales, medioambientales, de lucha contra la precariedad laboral, de financiación de los municipios, de vivienda y educación, de apoyo a la investigación o al desarrollo de leyes como la de Dependencia o la de Igualdad.

Hemos registrado ya cerca de 500 enmiendas para lograrlo. Por nosotros no va a quedar que las últimas cuentas de la legislatura se acerquen más a lo que debe ser un proyecto económico progresista y de izquierdas.