12.000 euros de ingresos anuales es el límite fijado por el Gobierno para que los inquilinos puedan acceder a partir de enero a la deducción máxima prevista en el impuesto sobre la renta para el alquiler, establecida en 9.015 euros. El PSOE ha presentado una enmienda en tal sentido a los Presupuestos estatales del año que viene, en la que expresa su intención de equilibrar los beneficios fiscales a la compra y al arrendamiento de la vivienda habitual.

Los contribuyentes podrán deducirse el 10,05% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.020 euros anuales. La enmienda establece la base máxima de esta deducción: cuando la base imponible sea igual o inferior a 12.000 euros anuales, será de 9.015 euros. Cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000 y 24.020 euros habrá que restar de los 9.015 euros el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre la base imponible y 12.000 euros anuales.

De esta forma, el Gobierno modula el plan de alquiler presentado en septiembre por la ministra Carme Chacón, en donde anunció la creación de una nueva deducción del 10,05% en la cuota estatal del IRPF sobre un importe máximo de 9.015 euros anuales para todos aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 24.000 euros netos anuales. Lo que hace en realidad la enmienda a los Presupuestos presentada por el PSOE es diferenciar la deducción en dos tramos de renta, dependiendo de los ingresos del contribuyente, en contraste con lo que ocurre en las deducciones vigentes para la compra de vivienda habitual.

Según el PSOE, esta enmienda procura el equilibrio entre los beneficios fiscales a la compra y al alquiler, ‘lo que contribuirá a que la libertad de elección de los ciudadanos entre estas dos formas de acceso sea más efectiva’. La selección de los niveles de ingresos obedece, argumenta el PSOE, a la necesidad de favorecer a los colectivos de menores rentas, evitando ‘los efectos inflacionistas que podrían generarse con una deducción de carácter general’.

En las más de 400 enmiendas presentadas por el PSOE se recogen también nuevas inversiones en diferentes capítulos negociadas con todos los grupos que de una u otra forma apoyaron al Gobierno el pasado miércoles en el debate de totalidad a los Presupuestos: PNV, Nueva Canaria, la Chunta Aragonesista, el Bloque Nacionalista Gallego e Izquierda Unida.

100 millones para guarderías

Otra enmienda pactada por el PSOE con Izquierda Unida destina 100 millones de euros a la creación de guarderías para niños de entre cero y tres años. Gracias a este acuerdo, IU renunció a reivindicar que el cheque bebé de 2.500 euros tuviera carácter retroactivo a fecha 1 de enero de este año.

El PSOE aprovechará también la tramitación de las enmiendas parciales a los Presupuestos estatales para corregir la rebaja de impuestos a los yates privados incluida por error en el proyecto de Ley de Calidad del Aire que se votó en el Senado y está pendiente de pasar por el Congreso. Dicho proyecto incorporó la reforma del impuesto de matriculación para sustituir los tipos impositivos vigentes por cuatro tramos distintos, vinculados a las emisiones de CO2 a la atmósfera. También reducía del 12% al 7% el gravamen para jet privados y yates, que volverá a quedar fijado en el 12%, con la subsanación del error.

Empleo en la bahía de Cádiz

La situación socio-laboral de la Bahía de Cádiz se caracteriza por una notable pérdida de empleo en el sector industrial, siendo un claro exponente el cese de actividad de la empresa Delphi, con la pérdida de casi 1.700 empleos este año. La falta de tejido productivo capaz de absorber a este alto número de desempleados ha propiciado la financiación de un plan integral de empleo al que el Gobierno central va a destinar 15 millones de euros, según consta en otra de las enmiendas presentadas por el PSOE a los Presupuestos estatales. Esta aportación se librará periódicamente, previa solicitud de la Junta de Andalucía.

Los Presupuestos incorporarán también una nueva disposición adicional por la que se insta al Ejecutivo central a convenir con el gobierno andaluz otras medidas que favorezcan el empleo de los trabajadores despedidos en la bahía de Cádiz, cubiertas con créditos de hasta 47,5 millones de euros hasta 2009.

Inversión de 4.365 millones para Cataluña

Iniciativa per Cataluña ha conseguido que el PSOE asome en los Presupuestos de 2008 el cálculo concreto de las inversiones que esta comunidad autónoma recibirá dentro del concepto de infraestructuras: 4.365 millones de euros, a los que se sumarán posibles desviaciones para respetar que las inversiones en Cataluña sumen el 18,8% del total estatal previsto en el Estatuto de autonomía.

El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña acordaron hace unos meses la nueva metodología para determinar el cumplimiento de estas previsiones estatutarias. Cuando finalice el ejercicio de 2008 y se obtengan los datos de liquidación del mismo, se verificará el cumplimiento de dichas previsiones, basadas en el porcentaje con el que Cataluña participa en el PIB estatal.

Como la metodología aplicada el año pasado para hacer este cálculo difiere de la aprobada para 2008, el Gobierno se compromete en esta enmienda pactada con Iniciativa a compensar a Cataluña en los ejercicios presupuestarios del año que viene y de 2009.

En contraste con esta iniciativa, Convergència i Unió (CiU) y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) han basado, precisamente, su rechazo a los Presupuestos estatales de 2008 en el supuesto incumplimiento por parte del Gobierno central de las disposiciones establecidas en el Estatuto catalán en cuanto a inversiones en infraestructuras.

Desde Izquierda Unida vamos a tratar de ser claros y no quedarnos sólo ni con las cifras macroeconómicas de los Presupuestos, ni con la obsesión por la búsqueda del titular fácil que tan obsesivamente persigue últimamente el Gobierno con su catarata desordenada de propuestas electoralistas.

Con el paso adelante dado el pasado miércoles al rechazarse las enmiendas a la totalidad presentadas a los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo socialista concreta de manera casi privada a poco más de cuatro meses vista de las elecciones lo que no ha sabido o no ha querido negociar con el resto de grupos progresistas del Congreso, incluido el nuestro, en los últimos tres años y medio.

Después de que los diputados de IU votáramos en contra del proyecto de las cuentas públicas para 2008 seguimos pensando que ni el vicepresidente Solbes ni el presidente Rodríguez Zapatero han descubierto aún la fórmula para resolver la imposible ‘cuadratura del círculo’, es decir, disminuir en más de 7.000 millones de euros el impuesto más redistributivo que existe –el del IRPF-, beneficiando casi exclusivamente a las rentas más altas, al tiempo que libera más dinero para atender a las demandas sociales que reclama la sociedad.

No creemos que sea posible detraer dinero de los impuestos, no perseguir adecuadamente el grave fraude fiscal que hay en España y, al tiempo, que se pueda atender suficientemente la financiación de leyes tan importantes como la de Dependencia, Igualdad, Educación, así como dotar de suficiente dinero las necesidades de Sanidad, Investigación y Desarrollo o las inversiones en infraestructuras como el ferrocarril convencional o las Cercanías, más allá de las grandes cifras que se lleva el AVE. Lo que está pasando en Barcelona es un claro ejemplo.

Solbes, tras una ‘dura negociación’ para cuadrar los PGE exclusivamente con sus ministros –no existió un debate real con otras formaciones- ha tenido que encajar en ellos a martillazos las ‘ideas’ lanzadas por sus compañeros de Gabinete como el ‘cheque-bebé’ de 2.500 euros por hijo nacido, el parcheo de viejos programas fallidos en materia de vivienda, con 210 euros para impulsar el alquiler sólo para jóvenes hasta los 30 años, o las ayudas bucodentales infantiles poco definidas, entre otras.

Frente a ello, desde IU hemos antepuesto el intentar que se reconozcan nuevos derechos de forma definitiva a que todo se quede sólo en estas medidas cortoplacistas, que no enfocan cómo resolver los problemas de forma definitiva y que buscan unos réditos electorales que, de momento, no parecen que hayan surtido el efecto deseado a tenor de lo que dicen las encuestas.

Difícilmente va a poder el Gobierno con el actual proyecto de Presupuestos lograr que se pase de dar un cheque de 2.500 euros a cumplir nuestra exigencia de que todos los padres con niños de 0 a 3 años puedan llevarles a un centro público y gratuito. Los 100 millones de euros más –frente a los sólo 8 que había- que desde IU-ICV vamos a lograr que se incluyan para tal fin es sólo la primera piedra para construir el camino que se necesita, pero no se podrá avanzar sin una verdadera voluntad de llevar a cabo una auténtica política progresista.

Lo mismo ocurre con la vivienda. Más allá de pagar 210 euros durante unos pocos meses a los menores de 30 años, lo que se debe es garantizar una bolsa de viviendas públicas de alquiler suficiente, que se puedan sacar al mercado casas privadas en desuso con totales garantías para sus dueños y para los posibles arrendatarios, así como viviendas de protección oficial a precios asequibles para quienes quieran comprar.

Mientras, las rebajas fiscales en dos oleadas elaboradas por el Gobierno ahondan en las regresivas reformas fiscales ejecutadas por el PP cuando gobernaba, con la diferencia de que entonces sí las criticó el PSOE en la oposición.

El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no redistribuye ni traslada a quienes disponen de menores rentas el resultado de unos buenos datos económicos, que no durarán siempre. La buena evolución económica seguida hasta ahora se plasma en los más de 12.000 millones de euros de superávit previsto, un superávit que se da por cuarto año consecutivo.

Pero si cuando las cuentas públicas arrojaban un claro déficit se obligaba principalmente a los trabajadores de este país a apretarse el cinturón, ¿por qué no es posible compensarles ahora que existe este excedente presupuestario mejorando el gasto social de forma responsable y sin poner en riesgo las cuentas del Estado, ni hoy ni en el futuro?

El Gobierno socialista ha decidido primar su ‘socio-electoralismo’ frente a lo que realmente demanda la sociedad. Vamos a intentar durante la negociación y el debate de las enmiendas parciales de las próximas semanas que los Presupuestos cambien de manera profunda en las partidas referidas a las materias sociales, medioambientales, de lucha contra la precariedad laboral, de financiación de los municipios, de vivienda y educación, de apoyo a la investigación o al desarrollo de leyes como la de Dependencia o la de Igualdad.

Hemos registrado ya cerca de 500 enmiendas para lograrlo. Por nosotros no va a quedar que las últimas cuentas de la legislatura se acerquen más a lo que debe ser un proyecto económico progresista y de izquierdas.

El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que regulará la ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijo, pese a las críticas casi unánimes de los grupos parlamentarios que consideran la medida una maniobra electoral que elude una política global de apoyo a la familia. Está previsto que el cobro de la prestación se produzca antes de final de año.

El ministro de Trabajo, Jesús Caldera, defendió el proyecto con el argumento de que es la primera prestación universal dirigida a las familias sin ningún tipo de condicionamiento. También expresó su convicción de que este nuevo derecho aumentará la tasa de natalidad en España.

En su intervención, Caldera defendió también que aparte de la prestación de 2.500 euros, el proyecto abre el camino para la universalización de las escuelas infantiles en el tramo de 0 a 3 años.

La iniciativa se ha conseguido tramitar por vía de urgencia y por lectura única en la Cámara Baja y, en consecuencia, no se debatirá en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, sino que pasa directamente al Senado para su discusión. Allí la mayoría del PSOE es más estrecha, por lo que no se descarta la introducción de enmiendas.

El presidente del Gobierno sigue sacando conejos de su inagotable chistera de las medidas sociales en la recta final de la legislatura. Ayer prometió subir el salario mínimo interprofesional a 800 euros si gana en las próximas elecciones y confirmó que los sueldos más bajos pasará de 570 a 600 euros al año que viene. El anuncio se une a la atención dental gratuita para los niños, los 2.500 euros para las madres por cada hijo recién nacido, las subvenciones de 210 euros a los jóvenes para alquilar un piso y doblar las pensiones mínimas. La estrategia de Zapatero busca atraer votos entre las clases más bajas con medidas populistas con un claro coste a las arcas del Estado. La cuestión está en sí la economía española está preparada para asumir los gastos ‘extra’ que promete el PSOE sin subir los impuestos porque es difícil pensar que no hay gato encerrado. En cualquier caso, es bueno que el debate político se reconduzca hacia temas que preocupan más al ciudadano de pie y se olvide el debate de las dos ‘España’ que seguramente preocupe bastante poco a una tercera formada por los que no entran en este debate.

Será positivo para la campaña electoral se reconduzca hacia la realidad cotidiana y se aleje de una crispación interesada que sólo importa a unos pocos.

• La entrada en vigor de la ayuda se anticipa al 1 de Julio, con lo que beneficiará a 2.500 familias más.
• La ley se aprueba con la abstención del PP y CiU, pero toda la oposición critica su “tufo electoral”.

El cheque bebé lleva una velocidad de crucero. El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer su aprobación a este proyecto estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, que proporcionará una abono directo o mediante desgravación fiscal de 2.500 euros (3.500 euros para familias monoparentales, numerosas y con hijos discapacitados) por nacimiento y adopción a mediados de noviembre, según cálculos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Parlamento también fijó que el abono se extienda a los nacidos a partir del 1 de julio del 2007 y no del día 3, como recogía el texto inicial, por ser esa la fecha en la que el presidente del Gobierno anunció la medida.
La enmienda, que afectará a unos 2.500 nacimientos más registrados en esos dos días, obedece –según fuentes socialistas– a razones puramente operativas, ya que un semestre completo se acomoda mejor al ejercicio fiscal. Los presupuestos generales del Estado destinarán este año a este capítulo unos 600 millones de euros y a partir del 2008, cuando sea completo, en torno a los 1.200 anuales.

LAS SOLICITUDES

Más de 100.000 familias (15.000 de ellas en Catalunya) ya han formulado la correspondiente petición, un poco menos de los 130.000 niños que han nacido en España desde que se abrió el plazo para hacerlo. El ministerio que dirige Jesús Caldera calcula que, una vez entre en vigor la iniciativa, durante el 2007 se beneficiarán de esta ayuda unas 250.000 personas.
La estimación se basa en que durante el 2006 nacieron en España 481.102 bebés y durante el 2007 podrían llegar a 500.000, sin tener en cuenta el número de adopciones ni de padres, sobrados económicamente o contrarios a la medida, que rechacen acogerse a ella.

APOYO DE ERC E IU

Todos los grupos parlamentarios, salvo lógicamente el PSOE, criticaron ayer el “tufo” y la “maniobra” electoral del proyecto. No obstante, ERC e iU le mostraron su apoyo. Esquerra, disconforme con las “políticas de apoyo con cheques”, según su portavoz, Georgina Oliva, votó a favor por haber aceptado su propuesta de elevar la dotación general de 2.500 euros por nacimiento o adopción hasta los 3.500 euros en el caso de las familias monoparentales, numerosas y con hijos discapacitados.
IU también votó favorablemente –”pero sin ilusión”, según su diputada Maria Carme García– tras la inclusión de una partida de 100 millones de euros en el 2008 para crear plazas de guarderías para niños de 0 a 3 años. Según García, en España hay 1.763.00 niños en este tramo de edad, pero este curso, solo 272.280 –es decir, el 15%– han conseguido una plaza en los centros existentes. Catalunya dispone de 70.000 plazas, insuficientes para los 300.000 niños.
La ley contó con la abstención de CiU y del PP. La federación nacionalista adoptó esta posición tras ver rechazada su demanda de que la iniciativa se aplicara desde el 1 de enero. Su portavoz Carles Campuzano aseguró que las medidas del proyecto “refuerzan una concepción paternalista y clientelar”, que acerca a los españoles “más a Venezuela que a Suecia, porque parece una política bananera”. El diputado del PP Miguel Barrachina aseguró que el proyecto es “una manera de comprar votos”. A juicio del portavoz popular, el Gobierno pretende que los ciudadanos olviden sonados fracasos en sus políticas sociales, como las de inmigración, la violencia sexista y la ley de dependencia.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

Caldera subrayó en la defensa de la nueva norma que repercutirá de manera importante en el proceso demográfico español y en los índices de natalidad. También destacó que el Gobierno seguirá promoviendo medidas de protección a la familia. Calculó que “entre cinco y siete años” se habrá universalizado el derecho de todos los niños de 0 a 3 años a tener acceso gratuito a las escuelas infantiles, mediante una inversión coparticipada por el Gobierno y las autonomías. La medida aumentará las plazas en 50.000 durante el 2008.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el proyecto de Ley por el que se reconoce la nueva prestación por maternidad de 2.500 euros, que recibirán todas aquellas familias que adopten o hayan tenido un niño a partir del 1 de julio de este año. Esta medida salió adelante con el respaldo de todas las formaciones, salvo PP y CiU que se abstuvieron.

A pesar del amplio respaldo obtenido por el proyecto del Gobierno, todos los grupos de la oposición coincidieron en criticar el sistema elegido y su carácter ‘electoralista’, teniendo en cuenta la cercanía de los comicios generales. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, presenció todo el debate.

Las diferentes formaciones exigieron al Gobierno su progresividad en función de la renta y medidas que garanticen el acceso de las familias a una guardería.

El Grupo Parlamentario Popular defendió un texto alternativo, que no prosperó, en el que se contemplaban ayudas por nacimiento de 3.000 euros para todos los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de enero.

El portavoz del PP en la materia, Miguel Barrachina, criticó la política de ‘talones navideños’ del Gobierno, ‘con intención de torcer la voluntad que los españoles mostraron inequívocamente en las pasadas elecciones municipales y autonómicas’.

Además, los ‘populares’ creen que el PSOE incumple su compromiso de invertir 1.000 millones para guarderías, dado que el presupuesto del esta prestación se sitúa en 100 millones. ‘Incumplen el 90 por ciento de su compromiso y ahora pretenden que les hagamos la ola’, subrayó.

Carme García (IU-ICV) aseguró que su grupo vota a favor de la ley con ‘un gusto agridulce’, sin ‘ilusión’ y sin sentirse implicados en ella. IU-ICV no entiende que un Gobierno, llamado progresista, haya traído esta ley que, a su juicio, será ‘pan para hoy y hambre para mañana’ en el caso de las rentas medias y bajas, mientras que para las de ingresos altos servirá ‘para hacer un regalito al bebé’. Por ello, reclamó limitar la percepción de las parejas que ingresen cada año más de 65.000 euros.

Emilio Olabarría, por el PNV, criticó al Gobierno por traer el proyecto ‘en el último suspiro de la legislatura’. Además defendió que los ciudadanos sometidos al IRPF perciban la ayuda de la Seguridad Social, con independencia de que las administraciones tributarias vascas y navarras establecieran medidas análogas en su IRPF.

REPARTO ELECTORALISTA DEL SUPERÁVIT DEL ESTADO

Por parte de ERC, Georgina Oliva, aseguró que ‘el cheque está más cerca del asistencialismo que el desarrollo de un verdadero Estado del Bienestar’, al entender que este sistema de deducciones y pensiones no contributivas es ‘poco universal y poco progresista’. Según dijo, se trata de un ‘reparto electoralista del superávit del Estado’ y un ’sentido de solidaridad mal entendido’.

En la misma línea, Carles Campuzano (CiU), denunció el ‘alto contenido electoral’ del Gobierno, con ‘discursos que se alejan de las políticas sociales innovadoras’ que, apuntó, ‘refuerzan la concepción paternalista’. ‘Nos acercamos más a venezuela que a suecia; a políticas más basadas en el clientelismo que en el Estado del Bienestar’, aseveró.

José Antonio Labordeta (CHA) reclamó una discriminación positiva de esta norma para el ámbito rural, estableciendo ayudas de hasta 4.500 euros para los nacidos en pueblos de menos de 2.000 euros para rejuvenecer su población.

Finalmente, Olaia Fernández (BNG) aseguró no compartir la universalización de esta prestación, teniendo en cuenta que aún no está garantizado el cuidado de menores o las plazas en colegios infantiles, así como otras ayudas para la adquisición de papillas o pañales.

MEJORAS EN EL TEXTO

Más allá de las críticas, Después del pacto alcanzado con ERC, la paga aprobada hoy se aumentará hasta los 3.500 euros para los casos de familias monoparentales (como las madres solteras), las familias numerosas y los hijos nacidos con problemas con discapacidad.

El Grupo de IU-ICV también se sumó al acuerdo, tras alcanzar el compromiso del Gobierno de incluir una inversión de 100 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado, con el fin de impulsar la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Esta inversión, junto con las aportaciones de las comunidades autónomas, permitirá la creación de unas 50.000 nuevas plazas de guardería.

El Grupo Parlamentario Socialista también impulsó enmiendas al proyecto de Ley, en las que remacha su aplicación para niños nacidos a partir del 1 de julio (sólo dos días antes que lo que fijó el Gobierno), frente a las pretensiones de otros grupos para que sea retroactiva hasta el 1 de enero de este año.

La enmienda establece que lo dispuesto en la Ley ’solamente resultará de aplicación respecto de los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de julio de 2007, así como de las adopciones que se hubieran constituido a partir de dicha fecha’.

Esta enmienda mantiene los criterios del Ejecutivo, eso sí, con un adelanto de dos días frente a la fecha inicial del 3 de julio, coincidiendo con el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Los socialistas explican que por razones, tanto de integración del conjunto de las ayudas públicas establecidas en la Ley, como de economía de gestión, es preferible que coincida la aplicación de las mismas con los plazos semestrales en que se abonan el conjunto de prestaciones periódicas no contributivas de la seguridad Social por hijo a cargo.

De manera previa al debate y la votación del proyecto de Ley por el Congreso, Caldera se felicitó de esta nueva “medida universal”, que se tramitará con el sistema de lectura única, “de forma rápida”, con el fin de que las familias puedan iniciar los trámites para hacer efectiva la ayuda a finales de noviembre.

El ministro espera, por tanto, que antes de final de año, todos los niños nacidos entre el uno de julio (no antes como pedían otros grupos de la Cámara) y esa fecha, sus padres hayan recibido la ayuda. “Estamos preparados y se hará de forma ágil y rápida”. destacó.

El titular de Trabajo subrayó que se trata de “la primera medida universal de apoyo a las familias”, que se establece, “sin excepciones, para todos.

Según dijo, hasta ahora, otras medidas similares dependían de diversos requisitos, como la paga de 100 euros (únicamente se concede a las madres trabajadoras) o las ayudas no contributivas para familias de escasos ingresos.

Además, recordó que la prestación de 2.500 euros, que será aprobada a primera hora de la tarde por el Congreso, será superior para los casos de personas cuyos hijos sean discapacitados, monoparentales y de escasos recursos (hasta 1.000 euros más en función de los casos).

El PP defiende un plan alternativo con ayudas de 3.000 euros. Las familias monoparentales, numerosas o de discapacitados recibirán una partida mayor.

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley por el que se reconoce la nueva prestación por maternidad de 2.500 euros, que comenzará a recibirse antes de final de año. La ayuda, que podrán solicitar todas las familias que adopten o hayan tenido hijos a partir del 1 de julio de 2007, se validará definitivamente el próximo noviembre, si bien con algunas novedades respecto a la propuesta inicial.

Así, el texto incorporará la sugerencia presentada por ERC, que incitó a aumentar la dotación hasta los 3.500 euros para los casos de familias monoparentales, las numerosas y los hijos nacidos con problemas de discapacidad. No obstante, a pesar del acuerdo y de la aprobación, el proyecto no estuvo exento de críticas y todos los grupos políticos coincidieron en criticar “su electoralismo”.

El PP, sin ir más lejos, defendió un texto alternativo, que no prosperó, en el que se contemplaban ayudas de 3.000 euros para todos los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de enero. Además, los populares apuntaron que el PSOE incumple su compromiso de invertir 1.000 millones para guarderías, dado que el presupuesto del esta prestación se sitúa en 100 millones. “Incumplen el 90 por ciento de su compromiso y ahora pretenden que les hagamos la ola”, subrayó.

Carme García (IU) aseguró que su grupo votaba a favor de la ley con “un gusto agridulce”, “sin ilusión” y sin sentirse implicado en ella. La coalición dijo no entender que un Gobierno, llamado progresista, haya traído esta ley que, a su juicio, será “pan para hoy y hambre para mañana” en el caso de las rentas medias y bajas, mientras que para las de ingresos altos servirá “para hacer un regalito al bebé”. Por ello, reclamó limitar la percepción de las parejas que ingresen cada año más de 65.000 euros.

El apoyo de IU se produjo tras alcanzar el compromiso del Gobierno de incluir una inversión de 100 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado, con el fin de impulsar la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Esta inversión, junto con las aportaciones de las comunidades autónomas, permitirá la creación de unas 50.000 nuevas plazas de guardería. Por su parte, ERC tildó la medida de “paternalista” y alejada de las pautas del estado del estado del bienestar.

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley por el que se reconoce la nueva prestación por maternidad de 2.500 euros, que recibirán todas aquellas familias que hayan adoptado o tenido un hijo a partir del 1 de julio de este año. La medida ha salido adelante con el respaldo de todas las formaciones, salvo PP y CiU, que se han abstenido.

A pesar del amplio respaldo obtenido por el proyecto del Gobierno, todos los grupos de la oposición han coincidido en criticar el sistema elegido y su carácter “electoralista”, teniendo en cuenta la cercanía de los comicios generales. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estado presente en el debate.

El Grupo Parlamentario Popular ha defendido un texto alternativo, que no ha prosperado, en el que se proponían ayudas de 3.000 euros para todos los nacimientos que se hubieran producido a partir del 1 de enero.

Reproches de IU, ERC y CiU

IU-ICV ha reclamado limitar la percepción de las parejas que ingresen cada año más de 65.000 euros. Carme García ha afirmado que su grupo votaba a favor de la ley con “un gusto agridulce”, sin “ilusión” y sin sentirse implicados en ella.

Por parte de ERC, Georgina Oliva, ha afirmado que “el cheque está más cerca del asistencialismo que el desarrollo de un verdadero Estado del bienestar”. En la misma línea, Carles Campuzano (CiU), ha denunciado el “alto contenido electoral” del Gobierno, con “discursos que se alejan de las políticas sociales innovadoras”.

Emilio Olabarría, por el PNV, ha criticado al Gobierno por traer el proyecto “en el último suspiro de la legislatura”, mientras que José Antonio Labordeta (CHA) ha reclamado un incremento de la ayuda para los nacidos en pueblos de menos de 2.000 habitantes para rejuvenecer su población, y Olaia Fernández (BNG) ha rechazado la universalización de la prestación.

Incremento de la ayuda a padres solteros

Más allá de las críticas, después del pacto alcanzado con ERC, la paga aprobada hoy se aumentará hasta los 3.500 euros para los casos de familias monoparentales, las familias numerosas y los hijos nacidos con problemas de discapacidad.

IU-ICV se ha sumado al acuerdo tras alcanzar el compromiso del Gobierno de incluir una inversión de 100 millones de euros en los próximos presupuestos generales, para impulsar la universalización de la educación de 0 a 3 años. Esta inversión, junto con las aportaciones de las comunidades autónomas, permitirá la creación de 50.000 plazas de guardería.

El Grupo Parlamentario Socialista también ha impulsado enmiendas al proyecto de ley, en las que remacha su aplicación para niños nacidos a partir del 1 de julio (solo dos días antes que lo que fijó el Gobierno), frente a las pretensiones de otros grupos para que sea retroactiva hasta el 1 de enero de este año.

«Podemos estar orgullosos de nuestro patriotismo económico, social y de empleo», proclamó ayer ufano el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el primer Foro ABC del nuevo curso político, ante la mirada atenta de medio millar de invitados del mundo político, empresarial y diplomático. Zapatero «dibujó» una España muy alejada de «los recelos, las suspicacias y las profecías» de ruptura territorial y enfrentamiento que formula el PP.

En un discurso inicial de cincuenta minutos, titulado «Un proyecto para España: balance y futuro de una legislatura», no existieron la quema de fotos de los Reyes, la polémica por la bandera o la amenaza de consulta secesionista lanzada por el lendakari, Juan José Ibarretxe. Ya vendrían menciones varias después, en el turno de preguntas.

El jefe del Ejecutivo comenzó explicando que, a cinco meses de las elecciones generales, es un «hecho incontestable» que ha crecido el PIB durante estos cuatro años más que el de cualquiera de las siete principales potencias económicas -260.000 millones de euros, «como si hubiéramos incorporado una nueva Dinamarca», llegó a decir- y eso coloca a España a punto de superar a Italia en renta per cápita.

En pleno recuento de autosatisfacciones varias, el presidente aseguró que va a ser el primer mandatario en 30 años de democracia que termine cada año con superávit en las cuentas del Estado, y recordó que cogió el fondo de reserva de la Seguridad Social con 15.000 millones de euros y ahora ya hay 52.000. Llegados a este punto, tuvo un guiño de agradecimiento para el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, que escuchaba atentamente en las primeras filas, por lograr que España vaya a crecer al 3,8% en 2008, y una pulla para el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, al decir que ese organismo se había equivocado «un rato» en sus previsiones.

Rodríguez Zapatero se felicitó por la aprobación de nueva prestación a la maternidad de 2.500 euros, previsiblemente, este jueves en el Congreso de los Diputados, porque las ayudas a las familias habían estado «bastante olvidadas» en los años del PP y hay que conciliarla vida familiar con la laboral.

En este sentido, se refirió a la Ley de Igualdad entre los hombres y las mujeres que, según dijo, ha supuesto un «cambio de fondo» en esta materia, ampliando los derechos y las garantías e introduciendo el compromiso de los hombres en el cuidado de los niños, a través del permiso de paternidad.Unas medidas que «se están empezando a aplicar en muchas empresas, especialmente ya en las grandes», que «han asumido como suya la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres».

En su discurso, Zapatero repasó las distintas iniciativas sociales impulsadas por el Gobierno en su «liberal-progresismo», destacando la Ley de Dependencia, la Ley por la que se reconoce el matrimonio homosexual, la reforma que acelera el divorcio y la separación, las inversiones en educación infantil y secundaria, así como el aumento de un 137% de la inversión en investigación y desarrollo. De 2.900 millones de euros en 2004 a 6.700 previstos para el año próximo.

RTVE «ya no es de partido»

El presidente del Gobierno cree, por otro lado, que «un país no puede despilfarrar el dinero para mantener una televisión pública -6.000 millones de euros anuales de pérdida en los últimos ejercicios-, que al final se mantiene únicamente para el uso por el Gobierno de los informativos». Sostiene que ahora, con su Ejecutivo, RTVE «ya no es de partido», algo que sí ocurría con los gobiernos del PP, «¡y de qué manera!», exclamó.

La única concesión que realizó el jefe del Gobierno al debate político de actualidad fue admitir que la polémica de las reformas estatutarias «ha tenido un alto voltaje político y también emotivo», pero advirtió que muchas regiones han avanzado en 30 años de democracia en su desarrollo tanto como para que los españoles tengan «una valoración extraordinariamente positiva» de la descentralización llevada a cabo del gasto público. «En el ADN del Estado autonómico está el principio de cohesión, mucho más que en el Estado centralista», llegó a decir ayer en su discurso el jefe del Gobierno.

Lejos de temer un peligro de desmembración del Estado a causa de un vaciamiento de competencias en favor de las autonomías, Zapatero ejemplificó lo contrario, que el Estado «mantiene su fortaleza», preguntándose quién le hubiera dicho a España hace quince años que tendría que establecer nuevas legislaciones en tema inmigratorio. «El hecho de que crezcan las competencias autonómicas -insistió- no significa en ningún caso que el Gobierno no mantenga e incremente competencias en muchos campos». Y pronosticó, en referencia al Estatuto de Cataluña, que cuando éste se despliegue en toda su extensión, «tantos recelos, suspicacias y profecías» del PP se vendrán abajo «de una manera evidente».

A su juicio, lo que le pasa al PP es que tiene una visión «reduccionista de las cosas, algo miope» en lo que se refiere a este segundo proceso de descentralización. Y lo que hace falta es que, desde el otro lado, haya una Cataluña «que no se cierre» y que sepa explotar todas sus potencialidades.