No le ha sido fácil al Consejo Económico y Social (CES) redactar un dictamen favorable sobre la paga de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado a partir del pasado 3 de julio que pretende aprobar el Gobierno. Tras un duro debate, los agentes sociales llegaron ayer a un consenso sobre este dictamen, no sin antes incluir cinco objeciones a la medida aportadas principalmente por la patronal CEOE y por CCOO.

Hasta ayer parecía casi imposible que los dos sindicatos mayoritarios y la confederación de empresarios llegasen a un acuerdo en el CES para dictaminar sobre la paga que ofrece el Gobierno como ayuda a los padres. La CEOE no veía muy clara la medida y, junto a CCOO, consideraba que se trata de un gasto social estructural de 1.200 millones de euros anuales que podría hipotecar el futuro de otras medidas sociales.

Por contra, UGT argumentaba que las cuentas del Estado llevan años arrojando superávit y que tanto los empresarios como el sindicato rival son conscientes de que el gasto social español aún mantiene un diferencial de siete puntos con la media del resto de la Unión Europea.

Finalmente, ayer se llegó a un acuerdo sobre el contenido del dictamen que será aprobado en el pleno del 19 de septiembre. El texto critica al Gobierno porque no ha pedido el dictamen del CES como es preceptivo, sino que ha tenido que ser la mesa del Congreso quien lo solicitara. Este procedimiento podría crear precedentes en futuras iniciativas del Ejecutivo, tal y como figura en la queja de los miembros del consejo.

DIÁLOGO SOCIAL
El órgano consultivo del Gobierno, por indicación de la CEOE y de CCOO, también apunta que la medida no viene precedida de un debate dentro del diálogo social a pesar de que José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha hecho gala de los beneficios que reportan los acuerdos alcanzados con los sindicatos y empresarios. Esta carencia de diálogo ha impedido discutir otras medidas de protección a la familia, insisten los agentes sociales.
Más concretamente, el dictamen del CES advierte del problema de gestión que se originará con el sistema previsto de pago de estos 2.500 euros. Según la norma que se debatirá en el Congreso a mediados de octubre, la prestación se podrá percibir como deducción en la declaración del IRPF o como pago anticipado. Al margen, los ciudadanos del País Vasco, Navarra y los extranjeros que lleven más de dos años residiendo en España recibirán la paga a través del Seguro como prestación no contributiva. Para evitar problemas de gestión, el CES propone que todo el mundo reciba la ayuda por el mismo sistema, como una prestación de la Seguridad Social.
Por último, el dictamen da cuenta de un posible fallo del texto legal. Para cobrar la paga es necesario, sin salvedades, residir en el territorio español y demostrar una permanencia de más de dos años en él. Se podría dar el caso de un español que trabaje fuera de España y que, al volver, tuviera que esperar dos años para tener el derecho a la paga, lo que el CES considera paradójico.

El Gobierno mantiene serias reticencias a hacer retroactiva a enero la medida anunciada por el presidente del Gobierno en el Debate del estado de la nación de realizar una paga de 2.500 euros por cada niño que nazca a partir de julio, tal y como demandan algunas formaciones políticas como CiU y ERC, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Las fuentes consultadas explicaron que tras analizar el coste presupuestario que supone ampliar la medida a todo el año, se ha llegado a la conclusión de que resulta muy complicado debido al elevado coste, ya que supondría 600 millones de euros más.

No obstante, la negociación con los grupos parlamentarios aún no está cerrada y tampoco se ha descartado del todo que pueda finalmente llegarse a un acuerdo sobre este extremo. Sin embargo, las fuentes consultadas insistían en que existen grandes reticencias por parte del Ejecutivo para aplicar la medida a todo el ejercicio presupuestario.

NEGOCIACIONES CON CIU Y ERC

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, está negociando estas cuestiones con los grupos parlamentarios de CiU y ERC, de cara al trámite parlamentario de la norma que comenzará, a partir de la próxima semana, con la presentación de las respectivas enmiendas, informaron a Europa Press en fuentes de la negociación. No obstante, estas fuentes aseguran que “no hay nada cerrado”.

Desde CiU se reclama la retroactividad de la medida, a partir del 1 de enero del presente año, así como ampliar la prestación económica en el caso de bebés nacidos con una discapacidad. Los nacionalistas catalanes también exigen al Gobierno una revisión de la política familiar, con el incremento de ayudas “congeladas” desde principios de los años 90, como las prestaciones por hijo a cargo.

Por su parte, el Grupo Parlamentario de ERC insiste en la necesidad de que esta norma se aplique desde el 1 de enero, al entender que la fecha establecida por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es “arbitraria” y que la medida se debe aplicar para todo el ejercicio presupuetario, informaron a Europa Press en fuentes de este grupo.

Fuentes parlamentarias explicaron que en la negociación que se ha mantenido hasta ahora se ha avanzado en algunas cuestiones. Así, precisaron que el Ejecutivo se ha comprometido a incluir una fórmula jurídica que deje claro que la medida sólo afecta al tramo estatal del IRPF y no al autonómico. Además, añaden que el Gobierno también ha admitido que sea una prestación fijan, es decir, que no sea sólo para los nacidos este año.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que espera que la próxima semana los grupos políticos cierren en el Congreso la negociación sobre el proyecto de ley que regula la prestación de 2.500 euros por el nacimiento o adopción de un hijo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, de la Vega explicó que cree que hay un ‘acuerdo prácticamente en casi todos los extremos, en el fondo y en la forma, en la tramitación’.

La vicepresidenta primera del Gobierno sostuvo que el Gobierno tiene la primera palabra en los proyectos de ley, pero el Parlamento la última.

En este sentido, dijo que si la semana que viene se cierra la negociación se conocerán los detalles de los acuerdos a los que se ha llegado entre los grupos y recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en las Cortes que el proyecto de ley remitido tendría efectos desde julio.

El proyecto de ley, que regula la prestación económica en un pago único de 2.500 euros por hijo nacido o adoptado de españoles o residentes legales, llegó al Parlamento después de que el Ejecutivo lo aprobara en el Consejo de Ministros del pasado 13 de julio.

Embarazos más felices. El Ayuntamiento de Vitoria destinará una ayuda de entre 1.000 y 4.000 euros a las familias por cada nuevo hijo nacido o adoptado, lo que permitirá aliviar las economías domésticas. La iniciativa se convirtió ayer en el compromiso estrella del concejal de Asuntos Sociales, Peio López de Munain, que compareció ante los grupos municipales para esbozar las líneas maestras de su departamento para esta legislatura. El edil adelantó que las subvenciones oscilarán en función de la renta y del número de miembros del núcleo convivencial. Además, al menos uno de los beneficiarios deberá llevar cuatro años empadronado en la capital alavesa.

La propuesta llega dos meses y medio después de que José Luis Rodríguez Zapatero anunciara que dará 2.500 euros a las familias españolas que hayan estrenado paternidad a partir de julio. El Gobierno vasco cuenta también con un programa anterior al nacional, y por el cual los beneficiarios reciben subvenciones que oscilan entre los 400 y los 1.100 euros, según la renta y el número de hijos.

El Gabinete Lazcoz no pudo precisar ayer si las ayudas que pretende impulsar serán compatibles con las anteriores. López de Munain se limitó a señalar que esta cuestión «se está estudiando».

4 millones anuales

Los socialistas pretenden que las subvenciones sean retroactivas y beneficien a las familias con niños nacidos a partir del 1 de enero de este año. Por este motivo, el concejal de Asuntos Sociales reconoció que el Ayuntamiento tendrá «dificultades económicas» para impulsar esta iniciativa a lo largo de 2007. En Vitoria nacen cada año unos 2.000 bebés, lo que supondría un desembolso de entre 3,5 y 4 millones de euros anuales para las arcas municipales.

Por este motivo, el PSE recordó a los grupos que gobierna en minoría y pidió su respaldo para poner en marcha las ayudas, con una sorprendente y directa invitación al PP. El edil popular Miguel Ángel Echevarría respondió de inmediato y con ironía en alusión a la negociación que los socialistas mantienen con el PNV para sacar adelante varios proyectos. «Vaya, es la primera vez que buscan nuestro apoyo en lugar de excluirnos», lanzó antes de exigir que la Hacienda local «habilite una partida» para abonar el dinero.

El paquete de medidas desgranado por el edil de Asuntos Sociales incluyó también algunas destinadas a mejorar «la calidad de vida» de los mayores, los niños, las familias con menos ingresos y las personas que sufren riesgo de exclusión.

En este sentido, Peio López de Munain anunció el impulso de un nuevo programa para apoyar que las familias monoparentales compatibilicen su vida laboral y familiar, pero no dio más detalles. También apostó por crear un servicio de acompañamiento para los mayores que viven solos en la capital alavesa.

La oposición exigió más viviendas de alquiler barato para quienes cobran las Ayudas de Emergencia Social.

El grupo parlamentario de ERC en el Congreso quiere que la ayuda de 2.500 se aplique a todos los hijos nacidos desde el 1 de enero de este año y no desde la fecha elegida el pasado mes de julio por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para anunciarla en el Debate sobre el estado de la Nación. Además, los republicanos plantean que, para salvar los problemas de invasión competencial que aprecian en el proyecto del Ejecutivo, el dinero de la prestación se transfiera a la Generalitat y que ella lo gestione respetando así lo previsto en el Estatut.

Según informaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, el presidente del grupo parlamentario de ERC, Agustín Cerda, trasladó ayer al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, su petición de que la ayuda se aplique a todos los niños nacidos en 2007, una sugerencia que también habían demandado otros grupos y que, al parecer, ha sido bien acogida por el PSOE.

Por su parte, la portavoz de Esquerra en materia de políticas para la familia, Georgina Oliva, anunció hoy su intención de plantear estas reivindicaciones en los próximos días al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a cuyos responsables también pedirá que la ayuda tenga carácter “permanente”.

En concreto, Oliva instó al Gobierno a introducir “importantes modificaciones” en el texto, definir cómo se concretará esta ayuda” y, en definitiva, a “corregir” una propuesta que, en su opinión, “a día de hoy resulta electoralista y de aplicación arbitraria”.

En esta línea, la diputada independentista animó al Ejecutivo estatal a seguir el ejemplo de la Generalitat haciendo una apuesta decidida por ampliar todas las prestaciones y servicios a las familias, “huyendo de las políticas de cheque que practicaba CiU y que, a juzgar por esta propuesta, parece que el PSOE ha hecho suyas”.

Para la diputada de ERC, la medida propuesta por Zapatero supone una “clara invasión competencial”, habida cuenta de que el artículo 166 del Estatut dispone que la competencia exclusiva en materia de protección y promoción de la familia corresponde a la Generalitat.

“MAREAN LA PERDIZ” Y CONFUNDEN.

En este punto, acusó al Gobierno de estar “mareando la perdiz” al vincular la medida al IRPF o plantearla como una prestación no contributiva, con el objetivo, de “aparentar que no existe invasión competencial”.

“Las ayudas para las familias deben ser lo más sencillas y accesibles posibles y esto sólo causa confusión. Por lo tanto, si de verdad se trata de una ayuda universal, se debe simplificar y tramitarla como una única ayuda”, reclamó.

Asimismo, Oliva pidió la transferencia de la ayuda a la Generalitat como solución para resolver la invasión competencial. “Si el Estado quiere hacer esta ayuda a las familias, que transfiera el dinero a la Generalitat que lo gestionará tal y como le corresponde según el Estatut aprobado por las Cortes españolas y refrendado por la ciudadanía de Catalunya”, argumentó

Por último, subrayó que la contribución más positiva que el Gobierno puede hacer en favor de las políticas familiares “es acabar de transferir las competencias en esta materia, aumentar todas las prestaciones y servicios que atañen a la Administración del Estado y resolver el conflicto de la relación fiscal entre Catalunya y el Gobierno español que permitiría a la Generalitat disponer de los recursos suficientes para hacer frente a las necesidades sociales de las familias catalanas”.

-Ahora que Sanz y Zapatero están a partir un piñón ¿ha recibido ya la llamada del presidente para que retire el recurso a la ley de Dependencia?-No. En absoluto. El presidente mantiene la misma línea que tenemos desde el principio. El 6 de marzo advertimos al Gobierno central que interponíamos el recurso ad cautelam por cuestión de plazos, pero que estábamos abiertos a dirimir los posibles conflictos competenciales en la junta de cooperación. Nos convocaron a una reunión preparatoria y no ha habido más.

-Es decir, que si la junta se reúne, podría retirarse.

-Sí, pero antes tendremos que ponernos de acuerdo. Y vamos a tener muy presente la defensa de nuestras competencias. Con esto no se puede frivolizar.

-¿Qué opina de los 2.500 euros por nacimiento de hijo?

-Toda medida dirigida a conciliar la vida familiar y laboral, a una mejor calidad de vida, al aumento de la natalidad, es positiva. En cualquier caso, creo que hay una cierta improvisación. Se podría haber articulado de otra manera. Yo hubiera metido el criterio de la renta per cápita de la unidad familiar. Creo que es mucho más justo. No es lo mismo una persona que cobre 100.000 euros que otra que cobra 25. Hay que apoyar más a las personas que más lo necesitan.

-Cinco consejeras de doce. ¿Se va a notar el peso femenino en los consejos de Gobierno?

-Sin duda. Cuando la mujer accede a un puesto de responsabilidad aporta a su buen hacer, que ya se le presupone, igual que a los hombres, una visión propia. Creo en los equipos compensados y este gobierno lo está. Eso va a ser enriquecedor.

-¿Alguna predilección?

-Es un gobierno con el que me voy a sentir muy cómoda. Tengo muy buena relación con los que ya estaban. Y con los nuevos, por uno u otro motivo, también la he tenido. O profesional, como con José Mari Roig, o del Parlamento, con Laura y Begoña, o Carlos Pérez-Nievas, que me defendía mucho en las comparecencias. Amelia preside la comisión de Asuntos Sociales de UPN…

-¿Un consejo para las nuevas?

-Que confíen mucho en ellas mismas y en su propio criterio.

Poner en marcha guarderías a precios económicos, ayudas a las empresas para la contratación de recién paridas, facilitar la conciliación de la vida familiar con la vida laboral, etc. Si se quiere de verdad y no con pura demagogia, ayudar a las familias esas y otras muchas iniciativas deben ponerse en marcha. Limitarse a 2.500 euros por el hijo nacido –dinero que, por si fuera poco, será descontada de la declaración de la renta- es un brindis al sol o una llamada a los votos.

En Alemania, por poner un ejemplo, se ayuda tanto a las familias que se necesitarían 13 hijos en España para alcanzar las ayudas germanas, Y me pregunto: ¿tan poco se valora en España a la familia, al menos por este gobierno? ¿Qué considera ZP como núcleo central de la sociedad? Porque, por supuesto, la familia en modo alguno.

Y no pretendo sacar “un conejo de la chistera”, entre otras cosas porque no tengo chistera ni tampoco conejos, pero la imaginación debe servir a los políticos para ayudar a la sociedad, en este caso a las familias. ¿Para cuándo de pondrá en marcha de una vez la Ley de Mediación Familiar que en su día aprobaron las Cortes Valencianas?

Porque la mediación no solamente es un medio pacífico y eficaz para resolver los conflictos surgidos en la familia, también para contribuir a la paz familiar, algo muy necesario para el desarrollo y progreso de la familia –hasta pienso que se incrementaría el número de hijos porque la paz da muchos frutos-. Ni qué decir tiene que abaratar el precio de la vivienda es otro recurso a poner en marcha para ayudar a las familias.

Lo dicho: los políticos deben azuzar su imaginación para potenciar el desarrollo de las familias, pues 2.500 euros se diluyen en pañales, biberones, guarderías si es el caso, y un buen montón de cosas necesarias en los primeros meses del recién nacido. Claro que para potenciar las ayudas a la familia es preciso creer en ella.

El presidente del Gobierno ha comprometido unos 3.500 millones de euros en seis medidas puramente electoralistas desde el pasado junio. Los analistas apuntan que la carrera a los comicios que ha comenzado se va a convertir en la más cara para el bolsillo de los españoles.

Si quieres que un duro no te falte, cuando lo tengas no lo malgastes”, reza un popular dicho alicantino. No parece que sea el refrán de cabecera que se aplica el presidente Zapatero, según cuenta José Antonio Vizner en Época.

Por lo menos en este inicio de la precampaña electoral, a pesar de tener un vicepresidente del Gobierno nacido precisamente en Pinoso (Alicante). Aunque Solbes no es uno de los que apoyan estas medidas electoralistas, según fuentes socialistas.

Más bien es quien pone calma al resto de ministros a la hora de hacer promesas públicas, ya que prefiere mantener la imagen de persona que lleva las llaves de la caja del dinero.

?El Gobierno ha prometido medidas electoralistas por unos 3.500 millones de euros. Sólo con dos de ellas, el presidente ya ha comprometido una parte importante del superávit de los últimos años.

Con su anuncio de dar 2.500 euros por niño nacido o adoptado, las arcas del Estado verán cómo se marchan unos 1.550 millones de euros anuales. Una cifra parecida se perderá por la propuesta de elevar las pensiones mínimas el doble que el resto, al igual que se hizo en 2006.

El coste será de 3.000 millones de euros en dos años. Éstas son las dos propuestas más caras del presidente del Gobierno. Sin embargo, ya hay tres más que ampliarán el coste de la
precampaña electoral y se espera que no pare aquí.

Se marcharían del bolsillo del Estado unos 250 millones de euros por la promesa de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, de ofrecer deducciones al alquiler de viviendas del 10% para el segmento de edad entre los 20 y los 30 años.

Y suma y sigue: 106 millones se usarán si se amplía en cuatro días el permiso de
paternidad. La última promesa de Zapatero, lade “dignificar” la pensión de 20.000 viudas en toda España, costará unos 30 millones de euros. Y todo esto a seis meses para que comience la campaña electoral y se disparen las promesas.

La Asociación Profesional de Cooperantes (APC) pidió hoy al Gobierno que incluya a este colectivo en la ayuda que reconoce el reciente proyecto de ley sobre el beneficio del pago único de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo.

Así lo expuso hoy a Servimedia la presidenta de esta asociación, Ángela Pérez, quien calificó de “discriminatorio” el “requisito” de haber residido de forma continuada durante los dos años previos a la solicitud de esta ayuda.

Esta asociación, según explicó, no participará en los actos oficiales de celebración del Día del Cooperante que prepara el Gobierno para mañana, debido a la “falta de respuesta” a sus demandas para el establecimiento de unas condiciones laborales “dignas” para ejercer su profesión.

Pese a reconocer las “mejoras” introducidas en el Estatuto del Cooperante aprobado por el Ejecutivo, Pérez se quejó de la “lentitud” con la que se están aplicando y reconoció la existencia de “ciertas carencias” en el texto.

La reducción de las listas de espera para los cooperantes en sus estancias cortas en España, el reconocimiento del derecho de los que trabajan en el exterior a la exención del IRPF o más ayudas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Congreso de los Diputados tiene “la última palabra” sobre la posibilidad de hacer retroactiva la ayuda de 2.500 euros a las madres.

El proyecto de Ley contempla la paga únicamente a aquellas familias españolas que hayan tenido un hijo a partir del pasado 3 de julio, fecha en la que el presidente del Gobierno anunció la medida en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Algunas formaciones políticas han reclamado que esta ayuda tenga carácter retroactivo, con el fin de que puedan beneficiarse aquellas familias que hubieran tenido un hijo a partir del 1 de enero de 2007. Según De la Vega, esta cuestión dependerá de los acuerdos que se alcancen en la sede parlamentaria.

“Es un tema que está en el Parlamento y por tanto vamos a dejar que tome las decisiones que su soberanía permita y exija”, destacó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la Vega recalcó que “en todos los proyectos de Ley el Gobierno tiene la primera palabra, pero la última la tiene el Parlamento, a través del consenso y el acuerdo”. “Los importante es llegar a un acuerdo con los grupos. No puedo decir si será en esos términos o en otros”, concluyó.