Los grupos en el Congreso presentarán esta semana enmiendas al proyecto de ley sobre ayudas por nacimiento de hijos

Está claro que la medida es injusta en sí misma, dada la total arbitrariedad de la fecha elegida para empezar a reconocerla, como es el día en que se le ocurre decirlo a una persona determinada del partido que sea (esto no es cuestión de política sino de justicia y democracia), persona que representa al Gobierno, cuando la medida ha de ser aprobada por el Parlamento, aunque sólo sea por eso de la separación de poderes. A priori, una fecha razonable sería la del 1 de enero, del año que se decida. Una fecha lógica sería la de 9 meses después de la adopción de la medida, por eso de que si el objetivo es fomentar la natalidad, no tiene mucho sentido que se le dé la ayuda a las que ya estaban embarazadas el dichoso 3 de julio, pues esas familias ya habían decidido tener un hijo sin la ayuda. Pero lo que es indudable es que la fecha del 3 de julio es injusta e inconstitucional, pues se está distinguiendo entre personas por un criterio arbitrario, rompiendo el principio de igualdad ante la ley. Está claro que la Ley se ha de aprobar en un momento concreto, pero el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9 de nuestra Carta Magna se establece con relación a la publicación de las normas en el B.O.E., y cualquier retroactividad de la norma ha de atender a los también principios constitucionales de justicia, igualdad y capacidad económica, y no a la fecha de un debate.

Pero si la medida es injusta en sí misma, lo es más, si cabe, en la medida que se va a tratar como una deducción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF). Como Inspector de Hacienda del Estado no encuentro ninguna explicación a esta vulneración de los principios básicos en los que se fundamenta este impuesto, regulado actualmente en la Ley 35/2006, de reciente aprobación, y creo que no hace falta mucho para darse cuenta de ello. El artículo 1 de dicha Ley dispone que el IRPF grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas de acuerdo con sus circunstancias personales y familiares, añadiendo el artículo 2 que el período impositivo es el año natural, devengándose el impuesto el 31 de diciembre de cada año, siendo esta fecha de devengo la que se toma como referencia para determinar las circunstancias personales y familiares de cada persona (norma 3ª del artículo 61). Así, el artículo 56 dispone que “el mínimo personal y familiar constituye la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación por este Impuesto”. Y el artículo 58 recoge la cuantía de los mínimos por descendientes por cada hijo que se tenga a la fecha de devengo. A la vista de todo ello, ¿hemos de entender que la capacidad económica en el año 2007 de una persona que tuvo un hijo el 1 de julio de 2007 es superior a la de otra que lo tuvo el día 3 de ese mismo mes, y por eso debe pagar más impuestos?; ¿se está diciendo que las necesidades básicas personales y familiares en dicho año de ambos contribuyente son distintas y por ello se han de gravar de forma diferente?. Si es así, que deroguen directamente los derechos fundamentales que recoge el artículo 31 de la Constitución Española, ese que dice que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

En fin, el mismo día del anuncio de esta medida por el Presidente del Gobierno, fuentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales comunicaron a los periodistas allí presentes que la medida podría aplicarse a los nacidos desde el 1 de enero de 2007, sin duda dejándose llevar por la pura lógica. Y el viernes 13 de julio la Vicepresidenta señaló que sería el Parlamento el que debería decidir sobre la ampliación de la retroactividad de la ley que se apruebe hasta el 1 de enero, Vicepresidenta que también señaló que esta medida no era una obra de caridad, sino de justicia.

Y ahora se dice que la retroactividad a 1 de enero de 2007 no se puede hacer porque supondría mucho dinero. Pues, si no hay dinero, reconozcan la ayuda solo a partir del 1 de enero de 2008, fecha de inicio de un nuevo período impositivo y que será más o menos cuando se publique la Ley en el B.O.E.; y si lo que ocurre es que no hay dinero suficiente, den 1.250 euros por todos los bebés del 2007; lo que no tiene ningún sentido es que se dé el doble de dinero a la mitad de los que tendrían el derecho, por un criterio tan arbitrario, injusto e inconstitucional como podría ser el de reconocer la ayuda sólo a los bebés varones o a los de ojos azules. Así lo ven conmigo los numerosos asesores y contribuyentes que han venido a nuestras oficinas a solicitar la ayuda a la que creen tener derecho también (y es que estamos dando un modelo oficial 104 para solicitar la ayuda cuando ni siquiera se ha aprobado la Ley).

Atentamente, un contribuyente padre de familia.

Impresentable, fui uno de los que di mi voto por el cambio y en vista de acontecimientos de este tipo me vuelvo a cuestionar mi decisión. Es una medida injusta, en mi caso me quedo fuera por 1 mes. Sabemos que en algun punto hay que empezar la aplicación pero no en el punto que les de la gana para fines electorales sino en el mas logico y legal.