El presidente del Gobierno ha comprometido unos 3.500 millones de euros en seis medidas puramente electoralistas desde el pasado junio. Los analistas apuntan que la carrera a los comicios que ha comenzado se va a convertir en la más cara para el bolsillo de los españoles.

Si quieres que un duro no te falte, cuando lo tengas no lo malgastes”, reza un popular dicho alicantino. No parece que sea el refrán de cabecera que se aplica el presidente Zapatero, según cuenta José Antonio Vizner en Época.

Por lo menos en este inicio de la precampaña electoral, a pesar de tener un vicepresidente del Gobierno nacido precisamente en Pinoso (Alicante). Aunque Solbes no es uno de los que apoyan estas medidas electoralistas, según fuentes socialistas.

Más bien es quien pone calma al resto de ministros a la hora de hacer promesas públicas, ya que prefiere mantener la imagen de persona que lleva las llaves de la caja del dinero.

?El Gobierno ha prometido medidas electoralistas por unos 3.500 millones de euros. Sólo con dos de ellas, el presidente ya ha comprometido una parte importante del superávit de los últimos años.

Con su anuncio de dar 2.500 euros por niño nacido o adoptado, las arcas del Estado verán cómo se marchan unos 1.550 millones de euros anuales. Una cifra parecida se perderá por la propuesta de elevar las pensiones mínimas el doble que el resto, al igual que se hizo en 2006.

El coste será de 3.000 millones de euros en dos años. Éstas son las dos propuestas más caras del presidente del Gobierno. Sin embargo, ya hay tres más que ampliarán el coste de la
precampaña electoral y se espera que no pare aquí.

Se marcharían del bolsillo del Estado unos 250 millones de euros por la promesa de la ministra de Vivienda, Carme Chacón, de ofrecer deducciones al alquiler de viviendas del 10% para el segmento de edad entre los 20 y los 30 años.

Y suma y sigue: 106 millones se usarán si se amplía en cuatro días el permiso de
paternidad. La última promesa de Zapatero, lade “dignificar” la pensión de 20.000 viudas en toda España, costará unos 30 millones de euros. Y todo esto a seis meses para que comience la campaña electoral y se disparen las promesas.

La Asociación Profesional de Cooperantes (APC) pidió hoy al Gobierno que incluya a este colectivo en la ayuda que reconoce el reciente proyecto de ley sobre el beneficio del pago único de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo.

Así lo expuso hoy a Servimedia la presidenta de esta asociación, Ángela Pérez, quien calificó de “discriminatorio” el “requisito” de haber residido de forma continuada durante los dos años previos a la solicitud de esta ayuda.

Esta asociación, según explicó, no participará en los actos oficiales de celebración del Día del Cooperante que prepara el Gobierno para mañana, debido a la “falta de respuesta” a sus demandas para el establecimiento de unas condiciones laborales “dignas” para ejercer su profesión.

Pese a reconocer las “mejoras” introducidas en el Estatuto del Cooperante aprobado por el Ejecutivo, Pérez se quejó de la “lentitud” con la que se están aplicando y reconoció la existencia de “ciertas carencias” en el texto.

La reducción de las listas de espera para los cooperantes en sus estancias cortas en España, el reconocimiento del derecho de los que trabajan en el exterior a la exención del IRPF o más ayudas

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que el Congreso de los Diputados tiene “la última palabra” sobre la posibilidad de hacer retroactiva la ayuda de 2.500 euros a las madres.

El proyecto de Ley contempla la paga únicamente a aquellas familias españolas que hayan tenido un hijo a partir del pasado 3 de julio, fecha en la que el presidente del Gobierno anunció la medida en el Debate sobre el Estado de la Nación.

Algunas formaciones políticas han reclamado que esta ayuda tenga carácter retroactivo, con el fin de que puedan beneficiarse aquellas familias que hubieran tenido un hijo a partir del 1 de enero de 2007. Según De la Vega, esta cuestión dependerá de los acuerdos que se alcancen en la sede parlamentaria.

“Es un tema que está en el Parlamento y por tanto vamos a dejar que tome las decisiones que su soberanía permita y exija”, destacó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la Vega recalcó que “en todos los proyectos de Ley el Gobierno tiene la primera palabra, pero la última la tiene el Parlamento, a través del consenso y el acuerdo”. “Los importante es llegar a un acuerdo con los grupos. No puedo decir si será en esos términos o en otros”, concluyó.