Ni estatutos de autonomía, ni debate territorial, ni «procesos de paz». En la recta final de la legislatura, el Gobierno de Zapatero está tratando de centrar su discurso en problemas sociales como el de la vivienda, mientras muchos ciudadanos asisten perplejos primero a declaraciones como las de la ministra Carme Chacón, quitando importancia al esfuerzo que realizan los españoles para comprarse un piso, y luego al enfrentamiento dentro del Ejecutivo socialista por las promesas electorales que se ponen sobre la mesa, que no convencen al ministro de Economía, Pedro Solbes, ni al comisario Joaquín Almunia.
Solbes y Chacón no se entienden, y ayer volvió a verlo todo el mundo con claridad. En esta ocasión, el motivo fue el anteproyecto de ley del Derecho a la Vivienda que había aprobado el Consejo de Gobierno andaluz el día anterior. Entre otras medidas, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves establece por ley que los andaluces tienen derecho a una vivienda, y garantiza que quienes ganen menos de 3.100 euros mensuales no pagarán por la compra de una casa más de un tercio de sus ingresos, ni una cuarta parte en caso de alquiler. La medida, aprobada sólo a seis meses de las elecciones andaluzas y generales, tiene toda la pinta de ser un bonito globo sonda lanzado por el PSOE para comprobar las reacciones.
No tuvieron que mirar muy lejos, porque la primera respuesta les llegó desde dentro. El ministro de Economía y Hacienda, que asiste con creciente alarma a la subasta de medidas electoralistas y promesas para todos los gustos que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo, y que luego hay que cuadrar en las cuentas públicas en momentos de recesión, afirmó que no es partidario de «grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida».
Las dudas de Solbes
Solbes advirtió en la Cadena Ser que garantizar por ley un derecho como el de la vivienda implica «ciertas restricciones económicas». «Son cosas que suenan muy bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas. Como ministro de Hacienda, el reflejo que me surge cuando leo una noticia de este tipo es si habrán calculado bien lo que les costará y si lo tienen controlado para los próximos años». Un baño de realidad para el PSOE, lanzado en esta recta final de legislatura a ganarse votos a costa de los presupuestos: un día Zapatero anuncia por sorpresa los «cheques-regalo» de 2.500 euros por natalidad, otro anuncia una subida de pensiones mínimas y al siguiente, la ampliación del permiso de paternidad. Manuel Chaves, sin embargo, no se dio por aludido. Tras «entender» que Solbes esté «a la defensiva», aseguró que el proyecto se ha hecho «con rigor y seriedad, y se ha evaluado su coste».
La alegría con que la ministra de Vivienda acogió la iniciativa de la Junta de Andalucía sobre el «derecho a la vivienda» contrastó con la preocupación de Solbes. Carme Chacón no puso ni un «pero» al anteproyecto de sus compañeros andaluces. Al revés, animó a todas las Administraciones, «al margen de colores políticos», a que adopten medidas similares.
Lo más curioso es que la iniciativa de la Junta de Andalucía no tiene nada que ver con el plan «estrella» que tiene preparado Chacón para solucionar el problema de la vivienda, y que no es otro que promover el alquiler frente a la cultura de compra de pisos que impera en España.
La desautorización a la ministra llegó así por dos vías: a través del ministro de Economía y a través del Gobierno andaluz, que ha optado por apoyar la «cultura de compra», con las subvenciones que hagan falta, aunque no haya explicado de dónde van a salir ni cómo se van a pagar. Los ayuntamientos podrían tener un papel protagonista, según el anteproyecto de ley, que les endosa la realización de estudios sobre las necesidades concretas de los ciudadanos y les insta a establecer «los recursos necesarios para satisfacerlas».
Cuando en julio fue nombrada ministra de Vivienda, Carme Chacón tenía la nada difícil misión de hacerlo mejor que su antecesora, María Antonia Trujillo. Tras pasar un verano discreto y silencioso, Chacón no ha podido arrancar peor el curso político. Hace apenas una semana, Chacón anunció su intención de recuperar las deducciones fiscales por alquiler a los inquilinos, «que fue eliminada por el PP», como se encargó de subrayar.
El veto de Economía
La idea no era nueva. Trujillo ya lo intentó, pero Solbes, que rápidamente hizo sus números, vetó la medida. En esta ocasión no iba ser diferente, y Chacón recibió el primer aviso serio de Economía. «Sólo para los jóvenes». Con esta limitación, llegaron a un arreglo para el próximo año.
Las propuestas electoralistas del PSOE también han alertado al comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia: «¡Cuidado! No vaya a ser que se hagan promesas en estos prolegómenos electorales cuyo cumplimiento vaya a dar al traste con la economía».
El tinte electoralista de la última medida del PSOE sobre vivienda se deja ver también en el reconocimiento de que la ley no podrá ser una realidad hasta la próxima legislatura, según advirtió la consejera andaluza de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, quien aseguró que tendrá que ser negociada con ayuntamientos y agentes sociales. El Gobierno andaluz promete que se construirán 700.000 viviendas, 300.000 protegidas, en los próximos 10 años.
Para el PP, todo esto es un «cuento chino» y «el timo de la estampita». El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, cree que se trata de «una auténtica desvergüenza política» que el Gobierno andaluz anuncie esta ley a pocos meses de las elecciones y apunte que no será aprobada esta legislatura. Sanz cree que al final serán los ayuntamientos lo que lo arreglen «o la ley no se hará».
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