El anuncio del presidente del Gobierno de dotar a las familias con 2.500 euros por cada hijo que nazca o se adopte tiene como objetivo apoyarlas ante una tasa de natalidad por debajo de la media comunitaria y a la cola del mundo. Hemos pasado en 30 años, 1976-2006, de un promedio de hijos por mujer del 2,08 y una tasa de natalidad de 18,76, al 1,3 y 10,92 respectivamente, lo que demuestra que en treinta años ha habido cambios sociológicos y económicos que sin duda condicionan y retraen a las familias españolas a tener hijos.
Y mientras tanto no se han dado las soluciones políticas adecuadas que este problema conlleva. Porque como claramente reflejan diferentes encuestas, tener hijos es una aspiración de la mitad de las mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. Sin embargo este deseo choca con la cruda realidad; la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (en sólo diez años hemos pasado de 4,4 millones de ocupadas a 8 millones), que ha supuesto mejoras y bienestar familiar, conlleva barreras muy difíciles de superar en la conciliación de trabajo y familia o, lo que es lo mismo, el derecho a ser madre y cuidar de los hijos con tiempo y condiciones suficientes con su pareja sin renunciar a su desarrollo profesional y poder mantener el empleo.
ESTA MEDIDA por sí misma no disuade la voluntad de tener hijos, pero enmarcada en otras pone a las familias en el eje de las políticas del bienestar, que harán más fácil y seguro ser padres y poder trabajar adecuadamente, porque la mejora de las prestaciones económicas también se ha introducido a través de las reducciones por familiares a cargo en el IRPF que con la reforma en vigor desde el 2007 contempla incrementos sustanciales en los importes de los mínimos exentos por descendientes.
Además, esta prestación se consolida como derecho subjetivo y universal igual para todas las familias, independientemente de la comunidad autónoma en que residan, que suma a cualquier otra que se percibe en los distintos territorios y no excluye la prestación de 100 euros mensuales durante los tres primeros años de los hijos a las madres trabajadoras por cuenta ajena.
En esta legislatura se han desarrollado también medidas esenciales para la conciliación y el apoyo a las familias, son medidas que facilitarán la natalidad aunque se tenga un trabajo, se esté en momento de promoción profesional o haya perdido el empleo hace años. La Ley de Igualdad es en este sentido enormemente positiva, con medidas muy concretas; las barreras que antes se resolvían como favores por el empresario han pasado a ser derechos imprescindibles para trabajar y vivir en familia.
Desde el derecho del trabajador/a a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo por el nacimiento de su hijo/a, pasando por el reconocimiento del derecho del padre a disfrutar del permiso de paternidad dos semanas, o la creación de un nuevo subsidio por maternidad durante 42 días para aquellas trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización mínima, así como no descontar de la prestación por desempleo el tiempo del permiso de maternidad o paternidad. Evitar discriminación por ser madre y garantizar los derechos en igualdad es la base de una ley que no sólo es aplicable a los trabajadores/as por cuenta ajena, sino también a los autónomos.
LA LEY DE la dependencia forma parte de las políticas de apoyo y protección a las familias. Es más, significa un importantísimo compromiso con ellas no sólo por los empleos que generará, sino por el enorme desembolso económico que su desarrollo conllevará, más de 9.000 millones de euros en el 2015, es decir, más del 1% del PIB.
La dotación de una red de escuelas infantiles de 0 a 3 años es un servicio de apoyo fundamental, a pesar del incremento; estamos en una cobertura del 27% que es preciso ampliar en los próximos años con el esfuerzo económico que eso supone.
El debate que la ley suscitará en los próximos meses en el Congreso de los Diputados, además de mejorar el texto, seguro que clarifica posturas larvadas en algunas de las reacciones que esta iniciativa ha tenido. Por un lado están quienes consideran que estas medidas son exclusivas de la derecha, y por lo tanto este es un proyecto calcado del que ellos hubieran hecho si gobernaran; para otros, el carácter universal del proyecto no es admisible, confundiendo la fiscalidad con una ayuda universal a la natalidad, sin distinciones del nivel de renta o la clase social; también los hay que hacen de la despoblación o del nacimiento en las zonas rurales un factor de incentivo.
Lo cierto es que por primera vez vemos medidas de apoyo concretas: ley de la dependencia, ley de la igualdad, reforma fiscal y este proyecto de ley… Todas ellas van a proteger y mejorar a las familias españolas de forma clara: desarrollándolas y aplicándolas en todos los ámbitos cambiaremos tanto la evolución demográfica como la propia sociedad.
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