La exhibición que los políticos hacen de su oferta programática durante las campañas electorales sería un ejercicio saludable si realmente sirviera para enjuiciar sus proyectos de gobierno a medio y largo plazo, y en función de ello influir legítimamente en la voluntad de los ciudadanos.

Ocurre, sin embargo, que los políticos han acabado por pervertir esta liturgia, desplegando sin rubor una indiscriminada beneficiencia estatal para granjearse el favor de los votantes, con especial predilección por los ocho millones de pensionistas. Se soslayan las políticas de fondo, las que de verdad necesita el país, porque no interesan los resultados a largo plazo, sino los réditos de popularidad inmediatos.

Lo estamos comprobando estos días en los que el Gobierno ha anunciado que pisa el acelerador del gasto social cuando apenas restan seis meses para la cita con las urnas. Empezó con la ocurrencia de ofrecer 2.500 euros por cada nacimiento y ahora anuncia una subida de las pensiones, incumpliendo su palabra de que nunca lo haría en víspera de elecciones. Los nervios electorales de última hora están engordando peligrosamente la bola de nieve del gasto social, que puede dar al traste con años de esfuerzo de contención presupuestaria, como acertadamente ha advertido el comisario Almunia.

Con los indicadores de coyuntura anticipando un declive económico, y el propio Solbes admitiendo que estamos en una fase de “incertidumbre e indefinición mala para la economía”, parece una irresponsabilidad sucumbir a la tentación de recurrir al excedente de caja para comprar votos. Este clientelismo electoral conlleva, además, un nocivo contagio en la oposición, que suele entrar en la competición del “y yo más”.

Quien ha elevado el listón en la manipulación del dinero público es el presidente de Andalucía, Manuel Chaves, que garantizará por ley el acceso a una vivienda en propiedad a quien gane menos de 3.100 euros al mes. Según las estadísticas, beneficiaría a más del 90% de los trabajadores en la autonomía. Para transmitir credibilidad ha difundido ya el anteproyecto de ley, pero con el matiz de que no dará tiempo a tramitarlo en los seis meses que restan de legislatura.

¿Se lo creerán los andaluces? Chaves acumula ya importantes incumplimientos electorales, como la paga para todas las amas de casa, sólo una cama por habitación hospitalaria, o un ordenador por cada alumno. Un discípulo aventajado de la premisa de que “las promesas electorales se hacen para no cumplirlas”, acuñada en su día por Tierno Galván.

Los ciudadanos, que no se merecen estos insultos a la inteligencia, deberían exigir a los políticos que cada promesa de este jaez vaya siempre acompañada de su correspondiente informe financiero, para que éstos sepan cuánto va a costar y de dónde va a salir el dinero. Porque ninguna ayuda pública o subvención es gratis; las sufraga siempre el propio contribuyente.

La propuesta de Chaves es imposible de llevar a la práctica por su coste, como bien apunta Solbes con criterio racional. Sorprende por ello la frivolidad de Carme Chacón, animando al resto de autonomías a imitar el ejemplo. Andalucía es la autonomía que más recursos de la solidaridad interterritorial recibe –8.600 millones anuales–, mientras que su Gobierno, incapaz de abordar los verdaderos problemas de la región –paro, deterioro industrial…–, practica una demagógica concepción igualitarista en una autonomía cuya economía está cada vez más atrofiada por la hipersubvención.

El anuncio del presidente del Gobierno de dotar a las familias con 2.500 euros por cada hijo que nazca o se adopte tiene como objetivo apoyarlas ante una tasa de natalidad por debajo de la media comunitaria y a la cola del mundo. Hemos pasado en 30 años, 1976-2006, de un promedio de hijos por mujer del 2,08 y una tasa de natalidad de 18,76, al 1,3 y 10,92 respectivamente, lo que demuestra que en treinta años ha habido cambios sociológicos y económicos que sin duda condicionan y retraen a las familias españolas a tener hijos.

Y mientras tanto no se han dado las soluciones políticas adecuadas que este problema conlleva. Porque como claramente reflejan diferentes encuestas, tener hijos es una aspiración de la mitad de las mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. Sin embargo este deseo choca con la cruda realidad; la incorporación de la mujer al mercado de trabajo (en sólo diez años hemos pasado de 4,4 millones de ocupadas a 8 millones), que ha supuesto mejoras y bienestar familiar, conlleva barreras muy difíciles de superar en la conciliación de trabajo y familia o, lo que es lo mismo, el derecho a ser madre y cuidar de los hijos con tiempo y condiciones suficientes con su pareja sin renunciar a su desarrollo profesional y poder mantener el empleo.

ESTA MEDIDA por sí misma no disuade la voluntad de tener hijos, pero enmarcada en otras pone a las familias en el eje de las políticas del bienestar, que harán más fácil y seguro ser padres y poder trabajar adecuadamente, porque la mejora de las prestaciones económicas también se ha introducido a través de las reducciones por familiares a cargo en el IRPF que con la reforma en vigor desde el 2007 contempla incrementos sustanciales en los importes de los mínimos exentos por descendientes.

Además, esta prestación se consolida como derecho subjetivo y universal igual para todas las familias, independientemente de la comunidad autónoma en que residan, que suma a cualquier otra que se percibe en los distintos territorios y no excluye la prestación de 100 euros mensuales durante los tres primeros años de los hijos a las madres trabajadoras por cuenta ajena.

En esta legislatura se han desarrollado también medidas esenciales para la conciliación y el apoyo a las familias, son medidas que facilitarán la natalidad aunque se tenga un trabajo, se esté en momento de promoción profesional o haya perdido el empleo hace años. La Ley de Igualdad es en este sentido enormemente positiva, con medidas muy concretas; las barreras que antes se resolvían como favores por el empresario han pasado a ser derechos imprescindibles para trabajar y vivir en familia.

Desde el derecho del trabajador/a a adaptar la duración y distribución de su jornada de trabajo por el nacimiento de su hijo/a, pasando por el reconocimiento del derecho del padre a disfrutar del permiso de paternidad dos semanas, o la creación de un nuevo subsidio por maternidad durante 42 días para aquellas trabajadoras que no reúnan el periodo de cotización mínima, así como no descontar de la prestación por desempleo el tiempo del permiso de maternidad o paternidad. Evitar discriminación por ser madre y garantizar los derechos en igualdad es la base de una ley que no sólo es aplicable a los trabajadores/as por cuenta ajena, sino también a los autónomos.

LA LEY DE la dependencia forma parte de las políticas de apoyo y protección a las familias. Es más, significa un importantísimo compromiso con ellas no sólo por los empleos que generará, sino por el enorme desembolso económico que su desarrollo conllevará, más de 9.000 millones de euros en el 2015, es decir, más del 1% del PIB.

La dotación de una red de escuelas infantiles de 0 a 3 años es un servicio de apoyo fundamental, a pesar del incremento; estamos en una cobertura del 27% que es preciso ampliar en los próximos años con el esfuerzo económico que eso supone.

El debate que la ley suscitará en los próximos meses en el Congreso de los Diputados, además de mejorar el texto, seguro que clarifica posturas larvadas en algunas de las reacciones que esta iniciativa ha tenido. Por un lado están quienes consideran que estas medidas son exclusivas de la derecha, y por lo tanto este es un proyecto calcado del que ellos hubieran hecho si gobernaran; para otros, el carácter universal del proyecto no es admisible, confundiendo la fiscalidad con una ayuda universal a la natalidad, sin distinciones del nivel de renta o la clase social; también los hay que hacen de la despoblación o del nacimiento en las zonas rurales un factor de incentivo.

Lo cierto es que por primera vez vemos medidas de apoyo concretas: ley de la dependencia, ley de la igualdad, reforma fiscal y este proyecto de ley… Todas ellas van a proteger y mejorar a las familias españolas de forma clara: desarrollándolas y aplicándolas en todos los ámbitos cambiaremos tanto la evolución demográfica como la propia sociedad.

La elaboración de los próximos presupuestos del Estado, los últimos de la legislatura, ha disparado las tensiones en el seno del Ejecutivo. El detonante ha sido la decisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de dar un impulso a las políticas sociales con vistas a las elecciones generales del 2008. Los ministerios implicados se han afanado a diseñar medidas para dotar de contenido ese giro social, pero en la mayoría de los casos se han topado con el rechazo del vicepresidente Pedro Solbes, que, según todas las fuentes consultadas, se niega a aumentar los gastos del Estado justo cuando la economía española empieza a perder parte de su (hasta ahora) poderoso fuelle.
El ministro de Economía, cuya retirada de la política tras las elecciones se da por segura, no desea que las urgencias electorales del PSOE desdibujen su trayectoria como inflexible garante del rigor presupuestario. Ayer, en la cadena SER, reconoció que el “sistema de negociación” de las cuentas del 2008 es “distinto y más complejo” que el de años precedentes, pero no tanto por las demandas de los grupos parlamentarios como porque, dentro del Gobierno, “todo el mundo quiere hacer más cosas en un año electoral”. Y ese “todo el mundo” abarcaba, por supuesto, al propio Zapatero.

IMPACTO SOBRE LA NATALIDAD
Para lanzar un público aviso al presidente y sus ministros, Solbes, de natural parco en palabras, enfatizó que el crecimiento económico de España será en el 2008 “algo menor” que el del 2007, por lo que “el techo de gasto también debe ser algo inferior”. Pero hizo más: cuestionó la ayuda de 2.500 euros por hijo recién nacido, el cheque bebé anunciado a bombo y platillo por Zapatero en el reciente debate sobre el estado de la nación. “Hay que preguntarse si es la forma óptima de fomentar la natalidad. No se ha hecho una reflexión sobre su impacto efectivo y real”, objetó el vicepresidente económico.
Este nada sutil reproche es solo una muestra de hasta qué punto divergen los caminos de Zapatero y Solbes. Tras el fracaso del proceso de paz y el desgaste arrostrado a causa del Estatut, el presidente se apresta a sacar brillo a las políticas sociales ya ejecutadas –algunas, apenas percibidas por la ciudadanía– y completarlas con otras que le brinden mayor rédito electoral. El vicepresidente, en cambio, considera que el gasto adicional que precisarían esas iniciativas se traduciría en unos presupuestos expansivos, receta que la ortodoxia económica desaconseja en épocas de turbulencias.

EL PAPEL DE CALDERA
Fuentes gubernamentales apuntan que, en su forcejeo con algunos ministros, Solbes les ha advertido de que las medidas electoralistas deben incorporarse al programa del PSOE, no a los presupuestos del Estado. Se da la circunstancia de que Jesús Caldera, que como ministro de Asuntos Sociales suele porfiar con el vicepresidente para que aumente los gastos, es a la sazón el coordinador del programa electoral del PSOE. Una de sus misiones es, precisamente, negociar con Zapatero –y luego con Solbes– qué iniciativas se pueden financiar a cargo del próximo presupuesto y cuáles hay que aplazar hasta la próxima legislatura. Este último será el caso de la ampliación a 30 días del permiso de paternidad.
Las contradicciones del Gobierno se evidenciaron ayer ante la iniciativa del presidente andaluz, el socialista Manuel Chaves, de subvencionar el acceso a la vivienda de las familias que ganen menos de 3.000 euros al mes. “¿Han calculado bien lo que les costará?”, se preguntó Solbes, quien criticó “el reconocimiento de derechos para toda la vida, porque suena muy bien pero luego hay que aplicarlo”. En las antípodas, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, elogió la idea andaluza y animó al resto de autonomías a imitarla. Tampoco está exenta de tensión la negociación entre Economía y Vivienda sobre la deducción fiscal del alquiler que anunció Chacón.

Ni estatutos de autonomía, ni debate territorial, ni «procesos de paz». En la recta final de la legislatura, el Gobierno de Zapatero está tratando de centrar su discurso en problemas sociales como el de la vivienda, mientras muchos ciudadanos asisten perplejos primero a declaraciones como las de la ministra Carme Chacón, quitando importancia al esfuerzo que realizan los españoles para comprarse un piso, y luego al enfrentamiento dentro del Ejecutivo socialista por las promesas electorales que se ponen sobre la mesa, que no convencen al ministro de Economía, Pedro Solbes, ni al comisario Joaquín Almunia.

Solbes y Chacón no se entienden, y ayer volvió a verlo todo el mundo con claridad. En esta ocasión, el motivo fue el anteproyecto de ley del Derecho a la Vivienda que había aprobado el Consejo de Gobierno andaluz el día anterior. Entre otras medidas, el Ejecutivo que preside Manuel Chaves establece por ley que los andaluces tienen derecho a una vivienda, y garantiza que quienes ganen menos de 3.100 euros mensuales no pagarán por la compra de una casa más de un tercio de sus ingresos, ni una cuarta parte en caso de alquiler. La medida, aprobada sólo a seis meses de las elecciones andaluzas y generales, tiene toda la pinta de ser un bonito globo sonda lanzado por el PSOE para comprobar las reacciones.

No tuvieron que mirar muy lejos, porque la primera respuesta les llegó desde dentro. El ministro de Economía y Hacienda, que asiste con creciente alarma a la subasta de medidas electoralistas y promesas para todos los gustos que el Gobierno de Zapatero está llevando a cabo, y que luego hay que cuadrar en las cuentas públicas en momentos de recesión, afirmó que no es partidario de «grandes leyes que den reconocimiento de derechos para toda la vida».

Las dudas de Solbes

Solbes advirtió en la Cadena Ser que garantizar por ley un derecho como el de la vivienda implica «ciertas restricciones económicas». «Son cosas que suenan muy bien, pero luego hay que aplicarlas, y aplicarlas significa restricciones económicas. Como ministro de Hacienda, el reflejo que me surge cuando leo una noticia de este tipo es si habrán calculado bien lo que les costará y si lo tienen controlado para los próximos años». Un baño de realidad para el PSOE, lanzado en esta recta final de legislatura a ganarse votos a costa de los presupuestos: un día Zapatero anuncia por sorpresa los «cheques-regalo» de 2.500 euros por natalidad, otro anuncia una subida de pensiones mínimas y al siguiente, la ampliación del permiso de paternidad. Manuel Chaves, sin embargo, no se dio por aludido. Tras «entender» que Solbes esté «a la defensiva», aseguró que el proyecto se ha hecho «con rigor y seriedad, y se ha evaluado su coste».

La alegría con que la ministra de Vivienda acogió la iniciativa de la Junta de Andalucía sobre el «derecho a la vivienda» contrastó con la preocupación de Solbes. Carme Chacón no puso ni un «pero» al anteproyecto de sus compañeros andaluces. Al revés, animó a todas las Administraciones, «al margen de colores políticos», a que adopten medidas similares.

Lo más curioso es que la iniciativa de la Junta de Andalucía no tiene nada que ver con el plan «estrella» que tiene preparado Chacón para solucionar el problema de la vivienda, y que no es otro que promover el alquiler frente a la cultura de compra de pisos que impera en España.

La desautorización a la ministra llegó así por dos vías: a través del ministro de Economía y a través del Gobierno andaluz, que ha optado por apoyar la «cultura de compra», con las subvenciones que hagan falta, aunque no haya explicado de dónde van a salir ni cómo se van a pagar. Los ayuntamientos podrían tener un papel protagonista, según el anteproyecto de ley, que les endosa la realización de estudios sobre las necesidades concretas de los ciudadanos y les insta a establecer «los recursos necesarios para satisfacerlas».

Cuando en julio fue nombrada ministra de Vivienda, Carme Chacón tenía la nada difícil misión de hacerlo mejor que su antecesora, María Antonia Trujillo. Tras pasar un verano discreto y silencioso, Chacón no ha podido arrancar peor el curso político. Hace apenas una semana, Chacón anunció su intención de recuperar las deducciones fiscales por alquiler a los inquilinos, «que fue eliminada por el PP», como se encargó de subrayar.

El veto de Economía

La idea no era nueva. Trujillo ya lo intentó, pero Solbes, que rápidamente hizo sus números, vetó la medida. En esta ocasión no iba ser diferente, y Chacón recibió el primer aviso serio de Economía. «Sólo para los jóvenes». Con esta limitación, llegaron a un arreglo para el próximo año.

Las propuestas electoralistas del PSOE también han alertado al comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia: «¡Cuidado! No vaya a ser que se hagan promesas en estos prolegómenos electorales cuyo cumplimiento vaya a dar al traste con la economía».

El tinte electoralista de la última medida del PSOE sobre vivienda se deja ver también en el reconocimiento de que la ley no podrá ser una realidad hasta la próxima legislatura, según advirtió la consejera andaluza de Obras Públicas, Concha Gutiérrez, quien aseguró que tendrá que ser negociada con ayuntamientos y agentes sociales. El Gobierno andaluz promete que se construirán 700.000 viviendas, 300.000 protegidas, en los próximos 10 años.

Para el PP, todo esto es un «cuento chino» y «el timo de la estampita». El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, cree que se trata de «una auténtica desvergüenza política» que el Gobierno andaluz anuncie esta ley a pocos meses de las elecciones y apunte que no será aprobada esta legislatura. Sanz cree que al final serán los ayuntamientos lo que lo arreglen «o la ley no se hará».

Ana Marina llegó al mundo el 18 de julio del 2007 y, desde entonces, no ha parado de dar satisfacciones a su madre, Lola, que anda loca de contenta desde que vio por primera vez la carita de su hija, con la que se deshace en mimos. “Es una niña muy tranquila y muy buena que solo llora cuando tiene hambre”.

Cuando dio a luz, Lola, profesora de Infantil de profesión, ya había oído hablar de la ayuda de 2.500 euros aprobada unos días antes del nacimiento de su hija aunque pasaron unos días hasta que pudo llevar a cabo los trámites de la solicitud. “Pasó un mes o así antes de que fuera a Hacienda para pedir la prestación, me hacía ilusión hacerlo yo y lo primero era recuperarme de la cesárea”, explica.

Cuando hace recuento de los gastos que ha supuesto la llegada de Ana Marina a la familia se echa las manos a la cabeza. “Es mi primera hija y estando de seis meses empezamos a comprarle la famosa canastilla”. Luego llegaron los regalos. “Mucha ropita, la cuna, la bañera, el moisés…” y en diciembre llegará la ayuda de papá Estado . “Gracias a Dios, estamos en una situación económica más o menos buena, así que nos gustaría guardar el dinero en una cuenta para ella”, explica Lola, mientras comenta que el mayor gasto diario son los pañales. “Cuando son tan pequeños, hay que cambiarlos al menos en cada toma, una media de ocho o diez veces al día, así que imagínate…”. La cesárea no le impide darle pecho. “Pienso dárselo todo el tiempo que pueda, si hace falta congelaré la leche para cuando vuelva a trabajar”. De ese tema, la vuelta al trabajo, prefiere no hablar. “La verdad es que, en lugar de esa paga de 2.500 euros, preferiría cobrar dos meses más de baja y estar más tiempo con mi hija”. De hecho, aún no sabe lo que hará. “No tenemos familia en Córdoba y la idea de la guardería tampoco me convence, así que, o buscamos a alguien que se quede en casa, o me pido unos meses de excedencia”.

Su marido, que no está en casa cuando hacemos la entrevista, sale a relucir en el último momento, al hablar de la exclusividad de la mujer como beneficiaria de la ayuda. “El me ayuda mucho, pero está bien que la prestación sea para las madres, ya que –sonríe– somos las que tenemos que dar a luz”.