Los padres prefieren más plazas de Infantil que ayudas de maternidad

En pleno debate del Estado de la Nación, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba a bombo y platillo una nueva medida para fomentar la natalidad en España y que dejaba, en un primer momento, un tanto fuera de juego a parte de la oposición. Se trata de una ayuda de 2.500 euros por cada hijo recién nacido, que se concederá a todos los padres cuyos hijos hayan nacido del 3 de julio (día en el que se anunció la medida) en adelante y que ha hecho que muchos padres de Jaén y de toda España hayan respirado algo más aliviados ante este empujón.

Concretamente, en Jaén, el primer mes, entre el 3 y el 31 de julio, se efectuaron 394 solicitudes, una cifra que supone el 95% de los niños que han nacido entre esas fechas. Han pasado unas semanas y ésta medida, que en principio se recibía con alegría, ha sido analizada profundamente por determinados colectivos, como es el caso del sindicato Comisiones Obreras, que ha concluido en un informe que la ayuda económica, si no viene acompañada de otras medidas adicionales, acabará convirtiéndose al final en un derroche de dinero.

Y es que CC OO ha hecho una serie de cálculos que hablan por sí solos. Para empezar, según los últimos datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA) sobre los nacidos en Jaén, las cifras se sitúan en 6.688 niños en 2003, 6.756 en 2004 y 6.602 en 2005, siendo la media de hijos por familia de 1,40, 1,42 y 1,39, respectivamente, en cada uno de estos años. La edad media a la que la mujer jienense tiene su primer hijo es a los 30,39 años y la tasa de natalidad es la más baja de Andalucía.

Coste

El caso es que si tomamos como media los 6.600 niños nacidos al año en Jaén, teniendo en cuenta las cifras de los nacidos entre 2003 y 2005, se puede decir que el coste que el Gobierno haría en la provincia con esta nueva ayuda sería de 16,5 millones de euros anuales. Una inversión que, según defiende este informe, vendría más que bien en un sistema educativo infantil en el que la necesidad de plazas es evidente, de la misma forma que una mayor ampliación de los servicios que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y familiar.

Así, según ha calculado el sindicato, el coste medio por alumno de Educación Infantil entre 0 y 3 años es de 1.892,5 euros al año, lo que multiplicado por el número de nacidos, vendría a suponer una inversión para el Gobierno de 12.487.200 euros, lo que saldría más rentable económicamente que la medida, y quizás serviría de más ayuda a los padres.

«Las causas que originan la baja natalidad tienen más que ver con la necesidad de apoyos públicos en el cuidado de los hijos menores a través de servicios sostenidos en el tiempo, que con ayudas puntuales», dice el informe. Y es que, la clave está ahí, en lo que demandan los padres, que son los protagonistas directos de esta medida.

Y según el sindicato, los padres piden cuatro cosas concretas: medidas que mejoren la legislación laboral de modo que se faciliten los recursos jurídicos que pueden hacer posible la conciliación del trabajo y el cuidado de los hijos. Por supuesto, también se piden ayudas económicas, como mejorar las prestaciones familiares de la Seguridad Social por nacimiento de segundo y sucesivos hijos u otorgar asignaciones a las madres y padres que no trabajan porque prefieren cuidar de sus hijos más pequeños.

Como tercera medida, el acceso a mejores viviendas para familias con hijos y, por último, ampliar los centros de Educación Infantil para menores de tres años. Ante esto, CC OO concluye que «la apuesta del Gobierno por la ayuda económica no responde a las necesidades reales de las familias, sino que se limita a ser una escasa ayuda monetaria que tiene por único objeto servir de complemento de rentas».

Para el sindicato, las razones que pueden haber llevado al Gobierno a apostar por una ayuda económica en lugar de llevar a cabo otras medidas que concordasen más con las necesidades de los padres, son las siguientes: «la prestación económica es siempre una medida mucho más barata que la prestación de un servicio, lo que puede suponer que deliberadamente se esté obviando la posibilidad de crear una red de servicios públicos y se prefiere la prestación económica directa a las familias, para que éstas la utilicen en buscar la oferta privada que más les convenza», argumenta CC OO.

Es decir, ante la escasez de plazas públicas, la ayuda serviría para que las familias puedan acceder a las privadas.

«En este caso los poderes públicos hacen clara dejación de su responsabilidad», dice el informe. Y es que para CC OO esta postura supone «condenar a las clases más desfavorecidas, ya que ni la cantidad económica que se concede es suficiente para la compra de servicios privados y ni tan siquiera existe oferta suficiente de los mismos en todas las áreas de población».