Jesús Caldera, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que más de 18.000 familias han solicitado ya la ayuda de 2.500 euros por hijo anunciada el pasado 3 de julio por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
El ministro, que ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, ha afirmado que se trata de “un nuevo derecho del que se beneficiarán todas las familias españolas con residencia legal”.
Caldera ha dicho también que este dato refleja la “gran” acogida que ha tenido esta medida por parte de la sociedad española, ya que, según ha explicado, significa que prácticamente el 100% de las familias en las que ha habido un nacimiento desde la fecha del anuncio han solicitado esta ayuda.
Por otro lado, el coste total de esta reforma, que superará los 1.500 millones de euros anuales, se repartirá entre el Ministerio de Hacienda, que asumirá el 80% , y los presupuestos de la Seguridad Social, que s encargarán del 20% restante.
Además, el proyecto de ley viene acompañado por un informe sobre impacto de género, en el que se sitúa a la madre como principal beneficiaria de la deducción y prestación, por su “especial vinculación” con el nacimiento o adopción de un nuevo hijo.
El ministro ha recordado que esta ayuda se suma a otras ya existentes, como la prestación de 100 euros para madres trabajadoras.
El titular de Trabajo y Asuntos Sociales ha destacado que, con esta reforma, España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a ayudas a las familias, y ha añadido: “El Gobierno demuestra que hay capacidad suficiente y que tenemos base económica y social, que nos hará ganar la batalla de la protección a las familias”.
Caldera ha dicho confiar en que todos los grupos parlamentarios apoyen la propuesta, al mismo tiempo que ha mostrado su disposición a enriquecer la ley durante su tramitación parlamentaria.
Los demás grupos parlamentarios, por su parte, han criticado el proyecto de ley. Desde el Partido Popular (PP) se pide que el Gobierno rompa la linealidad de la norma “ya que no todas las familias tienen las mismas necesidades económicas”. Además, los populares han afirmado que la deducción supone una “burla a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de ayuda a las familias”.
Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), por su parte, ha denunciado la “vulneración” del Estatuto de Cataluña que supone la ley, y ha pedido que se extienda con carácter retroactivo al 1 de enero de 2007.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha acusado al Gobierno de realizar una subvención encubierta, mientras que Convergencia i Unió (CIU) se ha opuesto a la universalidad de la norma, puesto que en ocasiones “las clases medias quedan excluidas de esta ayuda”.
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