La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el viernes que el Parlamento deberá decidir si se amplía o no el pago de 2.500 euros por hijo a los nacidos a partir del 1 de enero de 2007, en lugar de sólo a aquellos que nacieron a partir del 3 de julio, tal y como aparece en el proyecto de ley que aprobó el viernes el Consejo de Ministros. Esto supondría aumentar el número de perceptores.

En concreto, De la Vega explicó que ‘el Ejecutivo tiene la primera palabra pero que es el Parlamento es el que decidirá al final’. Lo que es seguro por ahora es que los 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado desde el 3 de julio se podrán empezar a solicitar el lunes. Aunque no se podrán cobrar hasta diciembre ya que el Parlamento aún tiene que tramitar la ley. Allí el Gobierno necesitará el apoyo de otros grupos de las Cámaras.

Formulario o internetPara solicitar la ayuda económica habrá que presentar un formulario que se podrá obtener en las delegaciones de Hacienda y de la Seguridad Social, o en las páginas web de los Ministerios de Economía y Trabajo y se abonará en un pago único mediante cheque o transferencia bancaria. Se trata de una deducción fiscal cuyo abono adelanta el Estado. Los que no trabajan lo recibirán de la Seguridad Social. El coste previsto para este año es de 600 millones.

En el Consejo de Ministros el Gobierno también aprobó una nueva dotación de 4.300 millones de euros para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, con lo que sumará 45.046,54 millones. Esto equivale a un 4,6% del PIB, y garantiza el pago de la nómina de pensiones durante ocho meses.

Dos años de residencia en EspañaOtra de las novedades que desveló la vicepresidenta tras el Consejo de Ministros es la exigencia de que los inmigrantes acrediten al menos dos años de residencia en España si quieren optar a la prestación de 2.500 euros por hijo nacido. Dos años que se contabilizarán con carácter previo al nacimiento del bebé. Este apunte influirá en la ayuda total que tenga que desembolsar el Ejecutivo si se tiene en cuenta que el 16,5% de los nacimientos el pasado año fueron por parte de mujeres inmigrantes.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) afirmó hoy en un comunicado que el proyecto de ley del pago de 2.500 euros por nacimiento o adopción es ‘altamente positivo’.

En su opinión, ‘no se trata de una medida aislada sino enmarcada en un conjunto de leyes aprobadas en los últimos tres años, orientadas a ampliar los derechos sociales’.
La ayuda económica que, según la UNAF, ‘favorece a las familias, sea cual fuere el modelo de convivencia’, sitúa a España en un lugar protagonista entre los países de Europa que van a la cabeza en cuanto a políticas familiares.

Esta iniciativa, aprobada hoy por el Consejo de Ministros, y que pretende atajar la baja natalidad del país, beneficiará a todas las familias que residan legalmente en España independientemente de su situación familiar, edad u ocupación.

Cuenta con la correspondiente Memoria Económica del Ministerio de Economía y se ha remitido a las Cortes, solicitando su tramitación con carácter urgente.