Todos los bebés nacidos a partir de las 00.00 horas del día 3 de julio, de españoles o residentes legales en España, vienen con un pan bajo el brazo: 2.500 euros que se podrán cobrar a partir de diciembre. La cantidad no es baladí, pero la medida es coyuntural e inadecuada, más electoralista que fruto de un buen diagnóstico. Lo que se diría popularmente pan para hoy, hambre para mañana.

El problema demográfico de España es el bajo índice de fertilidad de las mujeres españolas. Los datos de 2006 reflejan que esta tasa, en los útimos años hundida en la cola de Europa, remonta posiciones respecto a otros países de la UE gracias sobre todo a las mujeres inmigrantes: El año pasado, los nacimientos de madre extranjera suponían el 16% del total mientras que la población inmigrante no llegaba al 10%.

La ayuda de 2.500 euros, anunciada por Zapatero en el debate del estado de la Nación, puede ser muy significativa para familias inmigrantes, ya que podría suponer un 20% de sus ingresos anuales, pero no soluciona nada a la clase media española, en la que radica verdaderamente el problema.

Las familias inmigrantes funcionan con los parámetros de sus países de origen con las garantías sociales de los países de destino. Básicamente son unidades de producción. Trabajan mucho, ganan y consumen poco, ahorran lo que pueden, tienen más hijos y, por su situación, tienen acceso a más servicios sociales que la mayoría de familias españolas de clase media, convertidas en verdaderas unidades de trabajo y consumo. No quiero hacer aquí una valoración moral de estas diferencias. Simplemente, es así.

Así pues, Zapatero recibe aplausos por una medida que costará mucho dinero a las arcas del Estado pero que poco aportará a un equilibrio demográfico que permita afrontar el futuro con garantías. Y es que la cuestión demográfica tiene que ver con el crecimiento económico, pero sobre todo es importantísima para el mantenimiento del Estado del bienestar. Es decir, los sistemas públicos de sanidad, educación y pensiones. Si el futuro se basa en una alta tasa de fertilidad de las clases más desfavorecidas crearemos más necesidades sociales y menos ingresos para mantener dicho sistema.

La medidas para fomentar la natalidad no deberían tener este carácter asistencial, casi caritativo, sinó que deberían ir destinadas a conciliar la vida laboral y familiar: mayores bajas por maternidad y paternidad, universalización de las guarderías, flexibilidad horaria en las empresas, mayores ventajas fiscales…

No quiero, en ningún caso, menospreciar el valor de la inmigración. Ésta ha sido, es y será muy importante para este país, pero no podemos permitirnos el lujo de subvencionar su natalidad. El futuro del sistema está en juego y no cabe frivolizar con medidas populistas.

Además, existe otro riesgo. La población autóctona empieza a tener la sensación de que se cuida más a la inmigración que a ellos, y de ahí el ascenso de fuerzas políticas de clara orienteción racista como Plataforma per Catalunya.

La paga estatal de 2.500 euros por nacimiento o adopción a la que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió en el último Debate sobre el Estado de la Nación ha sido aprobada en el Consejo de Ministros. El ya conocido como ‘chequé bebé’ se cobrará a partir del próximo mes de diciembre.

El Gobierno ya ha remitido el proyecto de ley al Parlamento y ha solicitado su tramitación con carácter de urgencia, con el fin de que la norma pueda estar en vigor en noviembre y las primeras ayudas cobrarse en diciembre, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta primera y ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega.

Novedades

Entre las novedades anunciadas por la vicepresidenta, la exigencia a los no españoles de acreditar dos años de residencia legal en España para poder percibir esta prestación.

La ayuda se podrá solicitar desde el lunes en las oficinas de la Agencia Tributaria o de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el impreso de solicitud se puede descargar desde las páginas web de ambos organismos (www.meh.es y www.seg-social.es). Además, se habilitan dos teléfonos para las peticiones.

Para los hijos nacidos antes de que la ley sea aprobada definitivamente por el Parlamento, la ayuda se percibirá en el mes siguiente a su entrada en vigor; y en el caso de los nacimientos posteriores, en el mes siguiente al parto o la adopción.

El proyecto aprobado hoy y elaborado por el Ministerio de Trabajo contempla el pago de una ayuda social de 2.500 euros a los residentes legales en España que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado con posterioridad al pasado 3 de julio, día en que Zapatero anunció la medida.

La prestación se percibirá de una sola vez y en el transcurso del mes siguiente al nacimiento, ya sea en forma de cheque, transferencia bancaria o de deducción en el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

Posibles modificaciones

En cuanto a la posibilidad de que la prestación se extienda también a los nacimientos que se hayan producido desde el 1 de julio, mediante enmiendas en el Congreso, la vicepresidenta ha respondido: “no seré yo quién diga que un proyecto de ley no puede ser modificado en el Parlamento”.

“El Parlamento es soberano”, ha indicado la “número dos” del Ejecutivo. “El Gobierno tiene la primera palabra, la última palabra la tiene el Parlamento”. “Seremos respetuosos, se hablará con los grupos” con el fin de “buscar el consenso” y “el máximo apoyo posible”. “Una vez la ley sale del Gobierno, son las reglas del Parlamento las que mandan”, apostilló.

Coste de 1.200 millones

Tal y como está pensada ahora la ayuda (es decir, haciéndose efectiva el 3 de julio), su coste para las arcas públicas ascenderá a unos 1.200 millones de euros.

Las comunidades autónomas del PP pagarán por cada hijo nacido en sus territorios 3.000 euros, ayuda que se sumará a los 2.500 euros anunciados por el presidente del Gobierno el pasado 3 de julio y que beneficiarán a los hijos nacidos o adoptados desde esa fecha, aunque el Ejecutivo estudia extenderlo hasta el 1 de enero.

Fuentes del Partido Popular indicaron a Servimedia que las regiones gobernadas por esta formación van a cumplir el contenido del programa electoral con el que concurrieron a los comicios del 27 de mayo y, pese al compromiso del jefe del Ejecutivo, seguirán adelante con su iniciativa.

La medida 127 del programa electoral de los populares apuntaba que “mejoraremos progresivamente las ayudas por nacimiento o adopción hasta alcanzar los 3.000 euros”.

Es más, algunas comunidades del PP, según ha podido saber Servimedia, incrementarán esa cuantía y darán ayudas de hasta 4.000 euros.

De este modo, por cada hijo nacido en regiones como la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia o La Rioja se recibirán al menos 5.500 euros, los 2.500 del Gobierno central y otros 3.000 adicionales del autonómico.

Falta por saber si el PP logrará convencer en Canarias a sus socios de gobierno para la aplicación de esta ayuda, o lo que hará UPN si finalmente logra el poder en Navarra.

COSTE

Si el coste de la ayuda prometida por Zapatero rondará los 1.200 millones de euros al año, las regiones gobernadas por el PP deberán abonar unos 500 millones de euros más.

En las comunidades donde gobierna de facto el PP nacieron el pasado año 165.506 niños, lo que situaría el coste de esa ayuda en 496,5 millones de euros. Dado que los nacimientos van en aumento, es previsible que el impacto presupuestario sea aún mayor.

En cuanto al sistema elegido para poner en marcha esta medida, aún está en estudio si se hará, como en el caso del Ejecutivo central, por la vía de la deducción fiscal, o mediante ayuda directa.

Otro de los compromisos del PP que se llevará adelante será el abono de una paga de 1.200 euros anuales a las madres no trabajadoras con hijos menores de tres años.

También en este punto el PP se plantea cómo llevarlo a la práctica, con el fin de que las mujeres que no hacen declaración de la renta -ahora la ayuda se articula como deducción fiscal que se anticipa mes a mes en pagos de 100 euros- no queden fuera de esta medida.