El Gobierno dispone, en esencia, de tres opciones para satisfacer los 1.200 millones de euros que costará la imprevista promesa de José Luis Rodríguez Zapatero durante el reciente Debate sobre el estado de la Nación.La estimación del coste procede del propio Gobierno [la enunció la vicepresidenta María Teresa Fernández de La Vega el pasado 6 de julio, dos días después de que el presidente anunciase la medida en el Congreso], y se basa en el número de nacimientos registrados en España el año pasado, 481.102 nuevos bebés.

Allí, el presidente anunció que, a partir del pasado 4 de julio, las familias “con residencia legal en España” percibirán 2.500 euros por cada natalicio.

La fórmula utilizada por el presidente: “…con residencia legal en España” ha despertado el interés en los países emisores de emigración hacia España, según ha alertado un experto del Instituto de Empresa, Valentín Bote, a partir de una sencilla comprobación en Google del impacto de la noticia. La tres primeras en número de consultas corresponden a reproducciones de la noticia en República Dominicana, México y Argentina.

Según el profesor José Barea, en La Linterna de COPE, el presidente puede haber incumplido flagrantemente la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, por anunciar una medida con un impacto tan intenso en la contabilidad nacional sin consultar a los organismos moderadores del objetivo de estabilidad.

Para hacerse una idea de la dimensión de los 1.200 millones de euros que, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de La Vega, costará la promesa de Rodríguez Zapatero –que el propio presidente reconoció como “electoralista”, cuando se le objetó desde la bancada de la Oposición: “No me importa que digan que es electoralista, si es para hacer el bien a las familias”, dijo–, baste indicar que equivale a los presupuestos de los Ministerios de Vivienda o Cultura y se aproxima a la financiación total del de Justicia.

LD ha concretado ese impacto en el Presupuesto. Según la Ley de Presupuestos de 2007, el objetivo de estabilidad presupuestaria es de un 0,2 por ciento del PIB de superávit del Estado y Organismos Autónomos públicos, excluyendo la Seguridad Social.

El FMI ha estimado un PIB nominal para España, en 2007, de 985.000 millones de euros, con lo que el objetivo de superávit previsto por el Gobierno de Rodríguez Zapatero asciende a 1.970 millones de euros, exactamente, un 0,2 por ciento de la renta nacional estimada.

Los límites del Gobierno

Los 1.200 millones que costará el estipendio de  Rodríguez Zapatero antes de las Elecciones Generales representan un 60,9 por ciento del superávit previsto para este año. En otras palabras, la promesa de los 2.500 euros se comerá el 61 por ciento del objetivo de estabilidad presupuestaria del año.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria es muy clara, al respecto. Obliga al Gobierno a declarar al Congreso, a tres años vista, sus objetivos de estabilidad, basándose, además, en consultas exhaustivas al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local.

El espíritu del Legislador –la norma fue impulsada y aprobada en 2001 por el Gobierno del PP– fue comprometer estrechamente al Estado y las Administraciones autonómicas y locales en la disciplina presupuestaria, y se otorgó a la Administración central del Estado, dependiente del Gobierno, un papel ejemplarizante en el grado de cumplimiento.

En su artículo 12, La Ley obliga al Gobierno a declarar “el límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto del Estado”.

Y en el 13.2, se establece que el “Ministerio de Economía y Hacienda informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local sobre el límite de gasto previsto”.

A partir del órdago de Zapatero, el Gobierno alegará, previsiblemente, que es posible financiar la medida natalista sin tocar el superávit –primera opción–, lo que le haría responsable ante los mecanismos correctivos de la Ley y le obligaría a rendir cuentas a la Unión Europea en un complejo litigio.

En tal caso, el Gobierno intentará recurrir a una de las dos siguientes opciones alternativas, tasadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria:

1)      Recurrir al Fondo de Contingencia –2.900 millones, un 2 por ciento del gasto presupuestado–. La Ley, sin embargo, es muy clara en los límites del Gobierno para meter la mano en esta bolsa. Para poder hacerlo, el gasto debe “atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado”. Está por ver cómo acreditará el Gobierno que la promesa de Rodríguez Zapatero no es un brindis discrecional y que satisface eficazmente la necesidad de nacimientos –los expertos cuestionan que tenga alguna repercusión significativa en el aumento de natalicios y apuestan por medidas alternativas, como incentivos a la creación de guarderías–.

2)      Practicar una modificación extraordinaria de créditos presupuestarios, dando de baja otras partidas. En este caso, el Gobierno deberá explicar a quién se lo quita y por qué.

Discusión en el seno del Gobierno sobre la fecha para fijar la retroactividad de la ayuda de los 2.500 euros hijo nacido o adoptado. El Ejecutivo analiza la posibilidad y la viabilidad económica de que se adelante al 1 de enero de 2007 para que puedan cobrarla todas las familias que hayan tenido un hijo desde ese día y no desde el 3 de julio.

Según ha sabido la Cadena SER, los Ministerios implicados hacen hoy una evaluación económica de esta ampliación. Esta posibilidad encuentra muchas reticencias en el departamento de Economía, ya que la implantación de la medida costaría este mismo año 600 millones de euros más de los previstos.

La decisión definitiva se tomará mañana en el Consejo de Ministros, que aprobará el proyecto de Ley que regulará la ayuda a las familias que tengan descendencia. En todo caso, fuentes consultadas por la Cadena SER resaltan que el compromiso inicial del gobierno es que la ayuda se aplique desde el 3 de julio, tal y como anunció el presidente Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el estado de la Nación.

EN FRANCIA, UNA MEDIDA SIMILAR ATRAJO LA INMIGRACIÓN

La promesa de Rodríguez Zapatero de 2.500 euros a cada nacimiento ha calado ya en las expectativas de la inmigración, estiman algunos analistas cualificados. Avisado por el fracaso de medidas similares en Francia, Valentín Bote Álvarez-Carrasco, del Instituto de Empresa, ha practicado un sencillo ejercicio: introducir en Google los parámetros de búsqueda “Zapatero 2500 euros hijos”. Entre las diez referencias más visitadas –eran las tres primeras, cuando el profesor hizo la consulta– hay tres medios de comunicación latinoamericanos.

El investigador Bote Álvarez-Carrasco se expresa con escepticismo sobre la promesa de Rodríguez Zapatero.

“Este tipo de ocurrencias”, anota en el Economy Weblog del Instituto de Empresa, “ya han sido llevadas a cabo en otros países. En Francia, adoptaron hace tiempo medidas similares (…), aunque más generosas aún y también incondicionadas. Y los resultados al cabo de unos años”, ha recordado Vicente Bote, “no son especialmente positivos, al tiempo que han contribuido a crear cierto malestar en la medida en que se han convertido en una fuente de captación de recursos públicos por parte de la población inmigrante”.

A su juicio,”este tema, delicado, no debe olvidarse en el análisis”.

El experto del IE considera “previsible” que la medida “no servirá para incrementar la natalidad de forma directa, ya que todos los padres responsables saben que 2.500 euros son una ínfima parte del coste que supone criar a un hijo”.

“No se trata de un incentivo a la natalidad”, advierte Valentín Bote, sino de “una simple ayuda para el mantenimiento de los hijos, sin más”.

Y recuerda que “esta ayuda se concede con dinero público. Con dinero de los impuestos pagados por todos los contribuyentes. Y es una medida carísima”, anota, recordando su coste de 1.200 millones de euros, una estimación obtenida de multiplicar 2.500 euros por 481.102, que es el número de nacimientos en España, en 2006.

“¿No resulta decepcionante que el Gobierno no encuentre mejor uso a este dinero que una subvención directa? ¿No podría gastarlo, por ejemplo, en promover la creación de guarderías, que fomenten la incorporación de las madres al mercado de trabajo?”, se pregunta el analista del Instituto de Empresa.

Bote transmite el resultado de un sencillo ensayo practicado por él mismo. Según cuenta en su blog, introdujo en el motor de búsqueda de Google las palabras “2.500 euros zapatero hijos” y lo que resultó fue una marea de consultas a páginas República Dominicana, Argentina o México que habían replicado la noticia. “¿Estamos ante un nuevo elemento que alimentará el “efecto llamada”?, sugiere, a partir de esta observación.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, exigió hoy al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que “cumpla” ya con la ayuda de 2.500 euros para las familias que tengan un hijo que prometió hace una semana durante su discurso en el Debate sobre el estado de la Nación.

“Exigimos que el Gobierno cumpla lo que promete y a partir del lunes todos los beneficiarios puedan recoger el cheque que les prometió el señor Zapatero. La prueba del nueve es que el lunes, una señora que tiene un hijo pueda recoger los 2.500 euros y si no es así, es que mintió”, declaró.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el diputado del PP acusó al Ejecutivo de “generar expectativas” y luego “defraudar” a los ciudadanos. “Cuando un gobierno se compromete tiene que cumplir”, enfatizó.

Así, el portavoz adjunto del Grupo Popular considera que el Consejo de Ministros debe aprobar mañana el decreto que anunció el jefe del Ejecutivo, de forma que “el lunes, las mujeres que tengan hijos puedan recibir la paga de los 2.500 euros”.

Tengo que confesar que no he seguido ese acontecimiento que arrastra a las masas en pleno mes de julio y que se conoce como el Debate del estado de la Nación. No entiendo por otra parte a qué mente preclara o cráneo privilegiado se le ocurrió esa gran idea de «celebrarlo» en esta fecha, en el fragor de los calores estivales y con la gente pensando en otros asuntos más alegres (léase vacaciones) o en cuestiones ligeramente más siniestras (la presentación del Impuesto de Sociedades). Nunca le he visto excesivo sentido a ese «pugilato parlamentario» e imagino que con el tiempo dejara de llamarse Debate del estado de la Nación y será conocido como «debate o intercambio de sensibilidades sobre el estado de las naciones, regiones y otros entes que constituyen aquello anteriormente conocido como España». Porque Nación, para qué nos vamos a engañar, cada vez va quedando menos.Pero no quiero entrar en controversias territoriales, poco apropiadas para estas fechas, sino en el anuncio estrella del debate: los 2.500 euros que nuestro Zapatero dará a cada nuevo niño que nazca en España. Pero primera e importante precisión: el presidente no regala nada, simplemente administra nuestro dinero (de unos más que de otros) y decide –como decisión política o como baza electoral– la concesión de esta ayuda. De la misma manera que los flamantes ediles del Ayuntamiento de León, los de dedicación exclusiva a 3.379 euros mes (por 14 pagas) y los «no-exclusivos» a 207 euros por Pleno (más comisiones y consejos nos sale realmente cara la hora de concejal) no cobran, les pagamos. Los políticos no dejan de ser unos asalariados nuestros, aunque no lo parezca, que gestionan –con mayor o menor pericia– nuestros dineros.Me temo que existen dos problemas: el primero es que parece que los políticos en general (y ZP en particular) no tienen mucha idea de lo que cuesta tener, educar, alimentar, vestir y formar a los hijos. Porque si nuestro presidente pensaba (y de buena fe, presumo) que un café valía 80 céntimos igual cree que un paquete de pañales cuesta 2 euros. Seamos realistas: los hijos son unas preciosas y pequeñas unidades de gasto desde que nacen (y antes) hasta que se independizan (si pueden), día que forzosamente ha de llegar pero se ignora cuando.

El segundo problema es que en España no se considera la protección de la familia como una prioridad política (tampoco a la educación, a la sanidad o a la justicia) ni se percibe como un grave problema la baja natalidad, que se sitúa en 1,37 hijos por mujer. Y eso a pesar de la inmigración, que es nuestro soporte demográfico y el gran motor de nuestra economía, no el ladrillo.

Lo de los 2.500 euros por hijo, además de ligeramente raquítico (he hecho un cálculo rápido y con eso cubres a duras penas los pañales y la leche durante dos años, dos y medio a lo sumo) me parece injusto. ¿Y qué pasa con los hijos –los míos, por ejemplo–, que tuvieron la ocurrencia de nacer bajo la «Era Aznar»? ¿Acaso no gastan, no comen, se visten y se educan? Las ayudas, para que tengan sentido, deben ser para todos y prolongarse en el tiempo. Un dato esclarecedor ha salido a la luz estos días: una familia española necesitaría tener 13 hijos para poder acceder a las mismas prestaciones que una alemana con dos.

Para que quede claro que no sólo critico voy a hacer una sugerencia: que el dinero que las familias españolas se gastan todos los años para que sus hijos estudien en el extranjero (unas semanas o todo el curso escolar) se considere gasto deducible en la declaración de la Renta. La propuesta no es descabellada aunque lo parezca. Si las aportaciones a los Planes de Pensiones reducen la base imponible del IRPF por qué no puede tener un trato similar la formación de nuestros hijos, que es el verdadero futuro de nuestro país. Me pregunto si llegará esta mi propuesta a los cuarteles generales de los partidos políticos, esas «colmenas burocráticas» (la expresión es de mi admirado Vargas Llosa) donde se alumbran los programas electorales y se diseñan las grandes líneas de la política nacional.

Probablemente los 2.500 euros de R. Zapatero –y el contraataque de Mariano Rajoy prometiendo menos impuestos y más ayudas a las familias– sean reclamos electorales. Es su naturaleza, como el escorpión de la fábula. Lo mismo que algunos jugadores de fútbol cuando se acercan al área ya piensan en tirarse, los políticos, cuando se aproximan las elecciones, empiezan a prometer como verdaderos posesos. Pero bienvenidos sean los anuncios y las promesas si se hacen la realidad y, sobre todo, si consiguen que los hijos estén, aunque sólo sea unos por unos días, en el centro del debate político.

Jesús Suárez González, abogado

http://suarezdehoyos.blogspot.com