Pros y contras de la propuesta de los 2.500 euros

La propuesta realizada por ZP la semana pasada ha suscitado opiniones de todo tipo; intentaré descifrar sus virtudes y deficiencias, pero antes vayamos a datos objetivos. España tiene una natalidad baja (1,3 hijos por mujer), una de las más deficitarias de la Unión junto con Italia; su gasto en política familiar es de un 0,7% de su PIB, también bajo, que supone alrededor de 134 euros por persona y año, cuando la media de Europa es más del triple (466 euros), según informa ipfe.org.

La Unión Europea ya hace tiempo que recomienda que uno de los objetivos que mejorará la sostenibilidad del sistema de pensiones de los países miembros es, justamente, incentivar las políticas de incremento de la natalidad. Con estos datos, es razonable que todos los partidos políticos hicieran propuestas programáticas de aumento de estas políticas sociales, ya que también el Partido Popular la proponía hace tres años. Y ya hace tiempo que los laboristas británicos dejaron claro que las políticas de familia no eran monopolio de nadie (véase T. Blair).

Si los dos partidos mayoritarios están tan de acuerdo en la satisfacción de una necesidad que incluso la llevan en cartera, ¿por qué no se ponen de acuerdo y nos dan una alegría, como pasó con la Ley de la Dependencia? Pues bien, el problema del enzarzamiento político de una buena propuesta no es otro que el tiempo y el lugar de la misma. El debate sobre el Estado de la Nación es como el examen de junio del gobierno de turno, un diagnóstico público de lo que se ha hecho y si lo que se hace mejora o empeora nuestro estado político social y económico.

Las propuestas tienen un tiempo de debate, de discusión de su idoneidad racional y económica y social, lógicamente en el Parlamento después de que haya ilusionado a la sociedad como propuesta electoral que los partidos políticos hacen en sus campañas. Pero no es lógico que se lance en un debate sobre evaluación del estado de la nación. Porque la oposición y parte de la sociedad la interpreta como maniobra de despiste y desviación del objetivo primordial que es hacer balance del trabajo-esfuerzo realizado, y ese hecho la desvirtúa y deslegitima ante la sociedad

ZP le deja ahora a Jesús Caldera los flecos de la propuesta, que, por cierto no son pocos. El primero es que la prestación familiar de los 2.500 euros es compatible con las ya en marcha o anunciadas prestaciones familiares autonómicas, con el consiguiente desequilibrio interautonómico que, de nuevo, nos encontramos. En unas comunidades autónomas habrá familias que recibirán más dinero por nacimiento de hijos que otras, y como en otras leyes sociales, nos sumerge en el problema de la injusticia que supone que en unas comunidades, generalmente las más ricas, se cobran más y mejor prestaciones sociales que en otras. Suma y sigue.

El segundo fleco es si España se volverá a poner a la cola de la Unión al no eximir de tributación a estas ayudas sociales. Éstos son los verdaderos problemas políticos y jurídicos de una propuesta social adecuada porque era necesaria, pero desenfocada en tiempo, forma y lugar. No saben ustedes lo contentos que están los ciudadanos españoles cuando los partidos políticos anuncian que se han puesto de acuerdo.

Por Jorge Garcés
Catedrático de Servicios Sociales de la Universitat de València