La promesa formulada por el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación de pagar 2.500 euros por un nuevo hijo biológico o adoptado desde el pasado 3 de julio es, en principio, inconstitucional. Así lo establece la Ley General Tributaria, que prohíbe la entrada en vigor de una reforma fiscal a mitad de ejercicio para evitar el perjuicio que podría causar al contribuyente, en este caso a los que hayan tenido hijos en los meses anteriores. Esta doctrina fue refrendada en su día por el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno de Felipe González intentara poner en marcha modificaciones en el Impuesto de la Renta a mitad de ejercicio. Entonces, al Alto Tribunal falló en contra del Ejecutivo, que tuvo que aplicar su reforma fiscal desde el 1 de enero.
Fuentes de La Moncloa confirmaron ayer a LA RAZÓN que el Gobierno estudia ahora las distintas fórmulas legales para superar este escollo y poder llevar al próximo Consejo de Ministros un proyecto de ley, que modifique las leyes del IRPF y de la Seguridad Social. Si, al final, no halla el resquicio legal para que Zapatero cumpla este año su promesa, la paga de los 2.500 euros no podrá ser efectiva hasta enero de 2008 y, por tanto, el derecho se generará para los padres con nuevos hijos a partir de esa fecha.
El Ejecutivo quiere que el Congreso tramite con carácter urgente y en única lectura esta norma, con el fin de que entre en vigor a finales de octubre o principios de noviembre próximo. No obstante, pretende que el derecho a la prestación se genere desde que Zapatero realizó la promesa el pasado 3 de julio. Esta prestación se recibirá en un único pago al mes del nacimiento o adopción del niño o al mes de la entrada en vigor de la norma para los contribuyentes que generaron el derecho antes de la misma, si el Constitucional lo permite.
El Gobierno concibe esta prestación como una deducción de la renta. En principio, se aplicará en la cuota íntegra del tributo y será complementaria a los 1.200 euros que se puede desgravar la madre trabajadoras los tres primeros años de vida de sus hijos. Si la madre está en paro, el padre podrá percibir la paga de los 2.500 euros, si desea deducirla de la renta. Aunque el Estado también la abonará como prestación no contributiva a aquellos contribuyentes españoles o residentes legales en nuestro país exentos de tributar.
En ambas situaciones, el Gobierno pretende distribuir a partir del 15 de julio formularios para que los perceptores de esta prestación los complementen para poder percibirla al mes de su entrada en vigor. El Ejecutivo los colgará en los portales de los Ministerios de Economía y Trabajo (www.meh.es y www. mtas.es).
El segundo tropiezo
Desde que el presidente sorprendió con su promesa, esta es la segunda ocasión en la que esta medida tropieza con la Constitución. Los nacionalistas vascos obligaron al Ejecutivo el miércoles pasado a dar marcha atrás en su pretensión de articular esta paga como una ayuda a la familia, competencia cedida por el Estado a las autonomías. El PNV redactó una propuesta de resolución al Debate de la Nación recordando el carácter autonómico de la competencia y, por ende, la inconstitucionalidad de la medida. En principio, todos los grupos parlamentarios estaban dispuestos a votarla.
Un dirigente del PSOE telefoneó el jueves pasado a las ocho de la mañana a Josu Erkoreka, portavoz del PNV. Durante la conversación, le transmitió la disposición de los socialistas a tramitarla como deducción en el IRPF. Este anuncio evitó que el PNV presentara esta propuesta de resolución, que hubiera aguado a Zapatero su triunfo frente a Rajoy.
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