Estimado presidente,

debo felicitarle por el golpe de efecto que llevó a cabo en el Debate del Estado de la Nación cuando cual intrépido mago, se sacó de la chistera una ayuda de 2.500 euros por cada nacimiento o adopción realizada desde ese mismo día 3 de Julio. Consiguió que en este país nadie hablara de los graves problemas que a todos nos preocupan y que por una vez el país hablara de otro asunto, la ayuda de 2.500 euros, que por cierto, el Partido Popular ya tenía en su programa electoral para las elecciones del 2004, pero por importe de 3.000 euros en vez de 2.500; ¿qué vamos a hacer si su anuncio ha llegado en época de rebajas?.

El tema está en que la Ley General Tributaria impide que esta reforma se lleve a cabo en mitad de año, por lo tanto debería ser aprobada con efecto retroactivo desde el 1 de Enero de 2.007, o en su defecto, a partir del 1 de Enero de 2.008. En caso de ser con efecto retroactivo desde el día 1 de Enero de 2.007, le tengo que felicitar porque su decisión ha sido la más acertada; pero si finalmente se aprobara la segunda opción, usted habría engañado a todos los españoles.

Por tanto, y ante las dudas que nos afectan a miles de españoles, le agradecería si pudiera responderme a las siguientes cuestiones:

¿Usted me garantiza que todos los niños nacidos desde el 3 de julio de 2.007 van a cobrar esa ayuda?

En caso contrario, ¿va a poner usted de su bolsillo las ayudas para todos los niños nacidos desde ese día?. Le recuerdo que fue usted quién nos prometió la ayuda, y si ahora no fuera posible su aprobación debería ser usted quien asumiera su propio error, compensando económicamente a los afectados.

En el mismo caso de que no se cobraran las ayudas para los nacidos a partir del 3 de julio de 2.007, ¿va usted a dimitir?. En este país, todos los trabajadores asumimos nuestros errores en nuestro trabajo, y usted, señor presidente, no va a ser menos; por lo tanto espero que en caso de que usted dijera esas palabras por error, asuma su responsabilidad y se aparte de la política para siempre.

Saludos cordiales de unos futuros padres que, con todo el respeto, desconfían de su palabra.

Carta enviada a la dirección jose.rodriguez@diputado.congreso.es el día 8 de Julio a las 21 horas. En el momento que recibamos su respuesta será publicada.

La promesa formulada por el presidente del Gobierno en el Debate del Estado de la Nación de pagar 2.500 euros por un nuevo hijo biológico o adoptado desde el pasado 3 de julio es, en principio, inconstitucional. Así lo establece la Ley General Tributaria, que prohíbe la entrada en vigor de una reforma fiscal a mitad de ejercicio para evitar el perjuicio que podría causar al contribuyente, en este caso a los que hayan tenido hijos en los meses anteriores. Esta doctrina fue refrendada en su día por el Tribunal Constitucional, después de que el Gobierno de Felipe González intentara poner en marcha modificaciones en el Impuesto de la Renta a mitad de ejercicio. Entonces, al Alto Tribunal falló en contra del Ejecutivo, que tuvo que aplicar su reforma fiscal desde el 1 de enero.

Fuentes de La Moncloa confirmaron ayer a LA RAZÓN que el Gobierno estudia ahora las distintas fórmulas legales para superar este escollo y poder llevar al próximo Consejo de Ministros un proyecto de ley, que modifique las leyes del IRPF y de la Seguridad Social. Si, al final, no halla el resquicio legal para que Zapatero cumpla este año su promesa, la paga de los 2.500 euros no podrá ser efectiva hasta enero de 2008 y, por tanto, el derecho se generará para los padres con nuevos hijos a partir de esa fecha.

El Ejecutivo quiere que el Congreso tramite con carácter urgente y en única lectura esta norma, con el fin de que entre en vigor a finales de octubre o principios de noviembre próximo. No obstante, pretende que el derecho a la prestación se genere desde que Zapatero realizó la promesa el pasado 3 de julio. Esta prestación se recibirá en un único pago al mes del nacimiento o adopción del niño o al mes de la entrada en vigor de la norma para los contribuyentes que generaron el derecho antes de la misma, si el Constitucional lo permite.

El Gobierno concibe esta prestación como una deducción de la renta. En principio, se aplicará en la cuota íntegra del tributo y será complementaria a los 1.200 euros que se puede desgravar la madre trabajadoras los tres primeros años de vida de sus hijos. Si la madre está en paro, el padre podrá percibir la paga de los 2.500 euros, si desea deducirla de la renta. Aunque el Estado también la abonará como prestación no contributiva a aquellos contribuyentes españoles o residentes legales en nuestro país exentos de tributar.

En ambas situaciones, el Gobierno pretende distribuir a partir del 15 de julio formularios para que los perceptores de esta prestación los complementen para poder percibirla al mes de su entrada en vigor. El Ejecutivo los colgará en los portales de los Ministerios de Economía y Trabajo (www.meh.es y www. mtas.es).

El segundo tropiezo

Desde que el presidente sorprendió con su promesa, esta es la segunda ocasión en la que esta medida tropieza con la Constitución. Los nacionalistas vascos obligaron al Ejecutivo el miércoles pasado a dar marcha atrás en su pretensión de articular esta paga como una ayuda a la familia, competencia cedida por el Estado a las autonomías. El PNV redactó una propuesta de resolución al Debate de la Nación recordando el carácter autonómico de la competencia y, por ende, la inconstitucionalidad de la medida. En principio, todos los grupos parlamentarios estaban dispuestos a votarla.

Un dirigente del PSOE telefoneó el jueves pasado a las ocho de la mañana a Josu Erkoreka, portavoz del PNV. Durante la conversación, le transmitió la disposición de los socialistas a tramitarla como deducción en el IRPF. Este anuncio evitó que el PNV presentara esta propuesta de resolución, que hubiera aguado a Zapatero su triunfo frente a Rajoy.